ALEJANDRO AGUILAR
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.– La regidora Vania López González impulsa nuevamente la instalación del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en Córdoba, pese a que la Manifestación de Impacto Ambiental advierte 126 efectos adversos sobre el entorno y la salud de la población.
El estudio oficial, identificado como MIA UT/COR/012/2025, analiza el proyecto propuesto para la unidad habitacional Homex. De 152 impactos detectados, la mayoría presenta consecuencias negativas que abarcan desde daños ambientales hasta afectaciones directas a la calidad de vida de los habitantes cercanos.
Entre los riesgos señalados se encuentran la emisión constante de polvos y contaminantes atmosféricos, la posible filtración de lixiviados al suelo y a los mantos acuíferos, el incremento de ruido y vibraciones por el tránsito continuo de camiones de carga pesada, así como alteraciones viales en una zona predominantemente habitacional.
Aunque el dictamen técnico establece una viabilidad condicionada, esta depende del cumplimiento permanente de medidas de mitigación. La experiencia previa del municipio en la supervisión de este tipo de compromisos ha sido cuestionada, lo que incrementa la preocupación de especialistas y vecinos.
El proyecto ya había sido promovido por López González durante su etapa como síndica municipal y fue detenido tras la oposición organizada de residentes de la colonia Colina de San José, quienes denunciaron falta de consulta pública y riesgos para la salud comunitaria. Desde su cargo actual, la regidora sostiene que los recursos económicos se encuentran etiquetados desde administraciones anteriores, sin abordar de fondo las observaciones técnicas ni el antecedente de conflicto social que rodea la obra.
La insistencia en avanzar con el Centro de Transferencia ocurre en un contexto donde el municipio enfrenta un problema estructural de manejo de residuos. Durante 2025, Córdoba generó más de 70 toneladas de desechos, con un gasto millonario destinado únicamente al traslado a un relleno sanitario externo, sin una estrategia integral de reducción y reciclaje.
Más allá de la obra propuesta, el debate expone la necesidad de fortalecer la planeación ambiental, transparentar la información técnica y garantizar la participación ciudadana. Los impactos documentados en la MIA constituyen una advertencia clara que exige atención y decisiones sustentadas.
