Sandra González
EL BUEN TONO
Orizaba, Ver.- La violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario no fueron hechos aislados ni circunstanciales. Tampoco errores de procedimiento o fallas individuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se trató de un caso emblemático de violencia institucional, sostenida y encubierta por el propio Estado mexicano, que durante casi 19 años negó la verdad, protegió a los responsables y revictimizó a una mujer indígena nahua, monolingüe, de 73 años, agredida por elementos del Ejército Mexicano en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
En un posicionamiento público, Kalli Luz Marina A.C., junto con las organizaciones representantes de las víctimas, celebró la sentencia de la Corte IDH que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, al concluir que las violaciones a sus derechos humanos fueron producto de la discriminación estructural por razones de género, origen étnico, edad y condición socioeconómica, agravadas en un contexto de militarización.
La Corte fue contundente al señalar que la impunidad se garantizó mediante conductas estatales activas, incluyendo declaraciones públicas de altas autoridades -entre ellas el entonces Presidente de la República- que desestimaron los hechos, deslegitimaron la palabra de la víctima y cerraron el paso a una investigación seria. Estas acciones, sostuvo el Tribunal, profundizaron la vulnerabilidad de doña Ernestina y de su familia, consolidando un escenario de negación de justicia y violación al derecho a la verdad.
