De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.– Juan Javier Gómez Cazarín, delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, inauguró este martes las nuevas oficinas regionales de la dependencia en el complejo deportivo “El Mexicano”, en la colonia Toxpan. Lo que debería ser un acto administrativo menor se convierte en una muestra más del intercambio de favores entre el delegado federal y el clan de las hermanas López González, ahora con el cobijo del alcalde Manuel Alonso Cerezo.
El inmueble que ocupará Bienestar “por tiempo indefinido” es propiedad del Ayuntamiento de Córdoba. Para cederlo, la administración municipal debió haber formalizado un comodato o convenio aprobado por Cabildo. Sin embargo, no hay registro público de ningún acuerdo. Y no es la primera vez que la familia López González facilita el acceso a recursos públicos a los operadores de Cazarín.
El antecedente más reciente es revelador. En agosto de 2025, la entonces síndica única Vania López González autorizó una adjudicación directa por excepción de ley para contratar los servicios de hosting y correo electrónico del Ayuntamiento con la empresa PUBLICONTENIDOS KAPITEL, S.A. DE C.V., por un monto de 508,620.60 pesos. La justificación técnica sostenía que era la única proveedora con la capacidad para el servicio.
Pese a ese historial de simulación y engaño, Vania López González le abrió las puertas del Ayuntamiento a la misma empresa vinculada a Juan Javier Gómez Cazarín, a quien los registros señalan como su padrino político.
Ahora, con la llegada de Manuel Alonso Cerezo a la Presidencia Municipal —quien rindió protesta para el período 2026-2029— la relación se consolida. La hermana de Vania, Itzel López González, ocupa la Regiduría Cuarta en el actual Cabildo. Con ambas hermanas en el Ayuntamiento —una en el pasado reciente como Síndica, otra en el presente como Regidora— el delegado Gómez Cazarín tiene asegurada la puerta de entrada a los bienes municipales.
El ciclo se repite: primero un contrato millonario sin licitación, ahora un inmueble público cedido sin mayor trámite. La pregunta que queda en el aire es qué recibirá el Ayuntamiento a cambio. En Córdoba, el modus operandi ya no sorprende: Cazarín pone el poder federal, las López González ponen los recursos municipales y Manuel Alonso pone el sello de su administración para legitimar la operación.
