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AGENCIA

Ciudad de México.- En lugar de despejar los cuestionamientos sobre la legalidad y las condiciones académicas de su reciente doctorado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, amagó con demandar a TV Azteca por presunta difamación, luego de que la televisora difundiera una investigación sobre posibles irregularidades en el programa cursado por la funcionaria.

La controversia surgió después de que Azteca Noticias documentara presuntas inconsistencias en el Doctorado en Derecho Constitucional que Batres obtuvo a principios de noviembre en la Universidad Tepantlato. Según la investigación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) habría autorizado el programa únicamente en modalidad escolarizada, mientras que el plantel donde estudió la ministra lo ofrecía completamente en línea y con titulación mediante consejo técnico.

Lejos de presentar públicamente documentación que permita aclarar los señalamientos, Batres respondió acusando a la televisora de rebasar los límites de la ética y cuestionó si debía recurrir a los tribunales para frenar lo que calificó como una campaña de difamación.

“Cuánto les molesta mi doctorado. No tiene ninguna irregularidad. Repito: No tiene ninguna irregularidad. ¿Debo demandarlos para que me dejen de difamar?”, expresó.

El amago provocó la respuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, quien la retó públicamente a presentar la demanda y aseguró que está dispuesto a defenderse en los tribunales.

“Lenia… por favor, demándeme. Nada me haría más feliz que exhibir ante los mexicanos para qué sirve su doctorado frente a mis abogados. La espero, no se tarde”, respondió.

No es la primera ocasión en que la ministra atribuye a los medios de comunicación una campaña de desprestigio. El pasado 12 de noviembre acusó a las televisoras de Salinas Pliego de difundir información falsa sobre su postura respecto al T-MEC y la soberanía nacional.

Además, el 5 de noviembre, cuando anunció la obtención de su grado académico, arremetió contra los periodistas que cuestionaron sus estudios, a quienes calificó de “carroñeros”. También defendió a la Universidad Tepantlato al señalar que, aunque no tiene el prestigio de Oxford, Harvard o Yale, ha formado a reconocidos juristas.

La polémica deja una pregunta que la ministra debería responder con documentos y no con amenazas: si su doctorado cumplió con todas las disposiciones académicas y administrativas, ¿por qué no transparentar las autorizaciones del programa, la modalidad de estudios y el procedimiento de titulación?

Quien ocupa un asiento en el máximo tribunal del país está obligada a rendir cuentas y soportar el escrutinio público. La investidura judicial no puede convertirse en un escudo contra las preguntas incómodas ni en una excusa para descalificar a quienes cuestionan su trayectoria.

Una ministra de la Suprema Corte debería responder con documentos y argumentos, no con amenazas de demanda cada vez que cuestionan su trayectoria. La transparencia no es difamación y el escrutinio público viene incluido con el cargo.

Tanto presume ser la “ministra del pueblo”, pero cuando le piden aclarar las dudas sobre su doctorado, responde con amenazas y descalificaciones. Si todo está en regla, que lo demuestre. Menos victimización y más transparencia.

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