Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- En un año aumentaron las muertes violentas de tránsito en Córdoba en un 23 %, reporta el INEGI. El tráfico inducido por las autoridades provocó decesos pero también más de 11 millones de pesos tan sólo en multas.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial, promulgada en 2022 con la promesa de salvar vidas, se ha convertido en Córdoba en un cadáver legislativo cuyo único legado es un alarmante incremento en muertes viales y una lucrativa industria de multas para el erario municipal. Lejos de crear calles seguras, la implementación fallida de la ley generó un “tráfico inducido” que privilegió el flujo de automóviles sobre la vida de las personas, mientras las arcas públicas se engrosaban con los ingresos por infracciones, evidenciando una perversa contradicción entre el discurso público y los resultados tangibles.
Los datos del INEGI son la prueba irrefutable del fracaso. En 2023, Córdoba registró 102 defunciones por accidentes de tránsito, colocándola como uno de los municipios con más muertes en el estado. Para 2024, la cifra escaló a 126 decesos, un aumento del 23.5%. Esta tragedia no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una política de movilidad miope que, en la práctica, consistió en realizar obras de infraestructura sin una visión integral, incentivando más circulación vehicular en lugar de desincentivarla.
Paradójicamente, mientras la ciudadanía sufría las consecuencias de calles más peligrosas, el ayuntamiento encontró en esta crisis una fuente de ingresos millonarios. De acuerdo con la Balanza de Comprobación municipal de 2024, el rubro de multas administrativas por infracciones de tránsito generó una recaudación de 10 millones 920 mil 944 pesos.
Solo en el mes de julio de 2025, este concepto ya sumaba 882 mil 251 pesos, demostrando que la fiscalización se ejerció con vigor para sancionar, pero con total ineptitud para prevenir. La ley, en lugar de ser un instrumento de seguridad, funcionó como una eficiente máquina recaudatoria.
