De la Redacción
El Buen Tono
Nogales.- Ciudadanos expusieron la actitud de prepotencia del alcalde, Libni Zuriel de la Cruz, por exhibir en sus redes sociales una conversación privada con un ciudadano que hizo una publicación crítica hacia su persona en días pasados.
Muchos consideraron esa actitud como una represalia impropia de su cargo y una falta a la prud encia discursiva exigida a un funcionario público.
Los hechos se remontan a 2024, cuando el ciudadano identificado como Francisco Gallardo, solicitó apoyo al edil a través de mensajes privados.
Este año, la misma persona compartió públicamente una fotografía del alcalde, acompañada de un comentario que manifestó que Libni Zuriel aspiraba a convertirse en «el youtuber más famoso de la comarca».
Como respuesta, el edil de Nogales optó por hacer pública la conversación previa con Gallardo, lo que la comunidad interpretó como un acto de desquite y exposición innecesaria de un intercambio privado.
Ante la oleada de críticas por esta acción, que calificaron la conducta del funcionario como reactiva, poco mesurada y dirigida a denostar a un particular, Libni Zuriel decidió eliminar la publicación de sus redes.
Sin embargo, la captura de pantalla y el debate que se generó circulan ampliamente.
Los habitantes manifestaron que, aunque los servidores que viven den erario, tienen derecho a la libre expresión, el uso de su plataforma oficial y su posición para exponer o intimidar a un ciudadano por sus críticas podría configurar un abuso de poder.
Además de una violación a los principios de neutralidad e imparcialidad que deben guiar el servicio público.
Subrayaron que el ciudadano afectado cuenta con capacidades diferentes, lo que agrava la percepción de falta de sensibilidad de la autoridad.
“Al alcalde le falta asimilar la magnitud de su cargo. Su falta de sensibilidad y desconocimiento del peso de su cargo lo llevan a actuar de manera personal, antes que institucional, e incluso a negar indirectamente la libre expresión de quienes no lo alaban”, expresó un residente.
Expertos en derecho administrativo y ética pública aseguraron que este acto vulnera los principios constitucionales de imparcialidad, respeto a la dignidad y neutralidad que deben observar todos los servidores públicos.
