AGENCIAS
Ciudad de México.- Ramiro Chávez Gochicoa, exrector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC) y exsecretario de Cultura de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, evitó ser procesado por un presunto contrato irregular de más de 31 millones de pesos relacionado con el esquema de corrupción conocido como la “Estafa Maestra”.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que no existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfuncionario por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. De manera unánime, los magistrados concluyeron que la imputación presentada por la Fiscalía General de la República carecía de sustento probatorio para acreditar su probable responsabilidad.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Chávez Gochicoa firmó en mayo de 2016 un convenio entre la Universidad Politécnica del Centro y la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el diseño de indicadores de deterioro habitacional. El contrato tuvo un valor de 31 millones 349 mil pesos e incluía la elaboración de documentos técnicos, una aplicación móvil para encuestas y diversos manuales operativos.
La Fiscalía sostuvo que la universidad incumplió con los entregables pactados, al presentar productos deficientes e incluso documentos que presuntamente contenían información plagiada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Además, señaló irregularidades administrativas en la comprobación y pago de recursos públicos relacionados con el convenio.
Sin embargo, tanto el juez de control como el tribunal de apelación consideraron que las acusaciones estaban basadas en afirmaciones insuficientes para demostrar la existencia del delito o la participación directa del exfuncionario. Los magistrados indicaron que las supuestas deficiencias en los productos entregados podrían constituir un incumplimiento contractual susceptible de reclamarse por la vía civil o administrativa, pero no necesariamente un ilícito penal.
La resolución aún no es definitiva, ya que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reconocidas como partes ofendidas en el proceso, tienen la posibilidad de promover un juicio de amparo para impugnar la decisión judicial. Mientras tanto, Chávez Gochicoa permanece libre de proceso en uno de los casos derivados del esquema de desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra”.
