Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- En medio del debate sobre las modificaciones a la legislación laboral en México, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, hizo un llamado a las autoridades legislativas para actuar con prudencia. Aunque reconoció que este tipo de medidas ya se aplican en otros países, subrayó que, en el caso de México, la iniciativa debe ser analizada con mayor profundidad debido a la multiplicidad de sectores involucrados.
Dijo que, aunque se plantee una implementación paulatina, se debe evitar poner en riesgo la economía de los trabajadores, pero también la de inversionistas y empresarios. Señaló que debe existir un equilibrio, pues lo que parece benéfico podría revertirse en deterioro para los propios empleados debido a los impuestos que podrían asumir.
Refirió que la Iglesia considera necesario un diálogo más amplio que incluya a todas las partes para evitar consecuencias no deseadas, que podrían ser graves para el sector empresarial y los trabajadores.
“No hay prisa en aprobar esta reforma. Creemos que se puede detener, pausar, y así hacer un estudio más profundo buscando el beneficio de todos, especialmente quienes deben ser atendidos con prioridad: los trabajadores”, destacó.
El vocero de la Diócesis de Orizaba pidió una revisión exhaustiva de los cambios legales para garantizar que el crecimiento económico no sacrifique el bienestar laboral ni la estabilidad de las fuentes de empleo.
Cabe mencionar que la discusión sobre la jornada de 40 horas generó preocupación en diversas cámaras empresariales, que han manifestado inquietud por el impacto económico. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señaló previamente que México no está preparado para ciertos cambios y que estos podrían afectar gravemente a micro, pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la economía nacional.
Asimismo, analistas han indicado que modificaciones como la reducción de la jornada laboral implican un aumento en costos de nómina de hasta el 20 % anual, lo que obligaría a las empresas a reorganizar turnos y a contratar más personal, presionando la rentabilidad.
