Ciudad de México.- La presentación de Luisa María Alcalde sobre una supuesta red de “fake news” abrió un nuevo frente de confrontación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum, medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales. La funcionaria presentó nombres y cuentas que, según su análisis, formarían parte de una estructura dedicada a amplificar contenidos críticos contra la llamada Cuarta Transformación.
El problema no radica únicamente en que el gobierno contradiga información que considera falsa, sino en la decisión de exhibir públicamente a periodistas, medios y ciudadanos bajo etiquetas como “cuentas de ataque”, “semilleros” o parte de una red de amplificación. Una acusación de este tipo, si no está acompañada de pruebas verificables y mecanismos independientes de revisión, puede convertirse en una forma de estigmatización.
La preocupación es mayor en un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos. Reporteros Sin Fronteras mantiene a México entre los países más peligrosos para ejercer la profesión, por lo que identificar públicamente a comunicadores críticos puede aumentar su exposición, especialmente en regiones donde la violencia contra periodistas continúa siendo una amenaza.
Para los periodistas, el mensaje puede ser preocupante: criticar al gobierno, cuestionar sus políticas o difundir información incómoda no debería convertirse automáticamente en una señal de pertenencia a una campaña de desinformación. Una cosa es demostrar con datos que una publicación es falsa y otra muy distinta es colocar al autor dentro de una estructura de ataque sin que exista una resolución independiente que determine alguna responsabilidad.
También existe un riesgo para los ciudadanos. Si desde el poder se comienza a clasificar quién “ataca” al gobierno y quién “amplifica” determinados mensajes, se puede generar un efecto de autocensura, donde periodistas, medios y usuarios prefieran callar antes que exponerse a ser señalados públicamente.
El gobierno tiene derecho —y hasta la obligación— de combatir la desinformación. Pero la respuesta democrática debería ser aportar pruebas, datos, derecho de réplica y transparencia, no elaborar listas que puedan ser interpretadas como mecanismos de señalamiento político. El debate sobre la información pública cobra todavía más relevancia mientras también se discuten nuevas reglas sobre derechos de las audiencias y el derecho de réplica.
En este contexto queda una pregunta de fondo: ¿quién vigila a quienes vigilan la información? Porque combatir las noticias falsas no puede convertirse en una herramienta para desacreditar a quienes ejercen el periodismo crítico. La libertad de expresión protege también las opiniones incómodas y las voces que cuestionan al poder; la frontera debe estar en la mentira demostrable, no en la crítica política.
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