AGENCIAS
MÉXICO.- Una investigación periodística pone bajo la lupa el creciente arribo de buques al Puerto de Progreso con supuestos aceites lubricantes, aditivos y otros derivados petroleros. De acuerdo con el reportaje, algunas embarcaciones procedentes de Estados Unidos y con banderas de Panamá, Islas Marshall y Singapur habrían ingresado cargamentos que, bajo esas denominaciones, terminarían siendo combustible comercializado sin cubrir los impuestos correspondientes.
El señalamiento adquiere mayor relevancia por las empresas gasolineras vinculadas al secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda. Según la investigación, Saidén tendría participación mayoritaria en estaciones de servicio de Dzityá y Caucel, mientras el reportaje sostiene que cada embarcación podría representar ganancias de hasta 70 millones de pesos mediante este esquema. Se trata, sin embargo, de acusaciones periodísticas que deberán ser acreditadas por las autoridades.
El modus operandi descrito sería similar al detectado en otros puertos del país: los buques atracan, los cargamentos son declarados como lubricantes, aditivos o productos petroleros y posteriormente son trasladados en pipas hacia distintos puntos de distribución. La sospecha es que parte de esos productos realmente correspondería a gasolina o diésel introducidos bajo una clasificación que permitiría reducir o evadir impuestos.
El caso también exhibe una posible falla de vigilancia. La investigación cuestiona que, pese al movimiento de hidrocarburos por Progreso y a los aseguramientos de combustible ilegal en municipios como Umán, Mérida y Progreso, los principales operativos y decomisos hayan sido realizados por autoridades federales, mientras la actuación de las corporaciones estatales ha sido señalada como insuficiente.
Yucatán fue señalado en 2024 entre las entidades con importantes aseguramientos de combustible ilegal y, en los últimos años, se han localizado bodegas utilizadas presuntamente para almacenar hidrocarburos. La pregunta de fondo es cómo puede crecer una ruta de trasiego de combustible frente a un aparato de seguridad que cuenta con miles de cámaras, patrullas y un presupuesto millonario.
El señalamiento más delicado es que una actividad presuntamente diseñada para evadir impuestos podría estar desarrollándose frente a las autoridades portuarias y de seguridad sin ser detectada oportunamente. No obstante, hasta ahora no existe en la información proporcionada una resolución judicial que confirme que Saidén Ojeda o sus empresas participan en una red de huachicol fiscal. Corresponde a la FGR, Aduanas y las autoridades competentes determinar si los cargamentos fueron declarados ilegalmente, quién se benefició de ellos y si existe alguna responsabilidad penal.
Mientras tanto, el caso abre una interrogante incómoda: ¿cómo es posible que toneladas de productos petroleros entren por un puerto, sean trasladadas por carretera y terminen en estaciones de servicio sin que las autoridades detecten el supuesto fraude?
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