De la redacción
El Buen Tono
Guanajuato.— La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación de reparación del daño tras confirmar que un agente del Ministerio Público exhumó los restos de Dulce Alejandra, una joven fallecida desde hace cinco años, sin contar con la autorización de su madre, vulnerando sus derechos humanos.
De acuerdo con el expediente 1684/2025, publicado por la PRODHEG, en 2020 la madre de la joven identificó plenamente los restos de su hija mediante fotografías, reconociéndola por el rostro y los tatuajes. Esta identificación fue corroborada por el hermano de Dulce Alejandra y posteriormente confirmada a través de un perfil genético realizado ese mismo año, antes de que los restos fueran entregados a la familia.
Sin embargo, en marzo de 2025, un agente del Ministerio Público informó a la madre que era necesario exhumar los restos, argumentando un supuesto error en la entrega de los cadáveres y señalando que el cuerpo no correspondía al de su hija. Aunque la mujer se negó expresamente a autorizar el procedimiento, la exhumación se llevó a cabo sin su consentimiento.
La recomendación detalla que la exhumación tuvo su origen en una solicitud presentada en 2024 por una víctima indirecta, quien manifestó dudas sobre la identidad del cuerpo que le fue entregado a su familiar, debido a que en ese caso no se realizó un perfil genético. El documento señala que, en su momento, el armado de los cuerpos se hizo con segmentos corpóreos encontrados el mismo día, entre ellos los correspondientes a la hija de la quejosa.
Además, la PRODHEG detectó que en el acta de entrevista levantada a la madre de Dulce Alejandra se asentó falsamente que ella había accedido a la exhumación, omitiendo también la existencia del perfil genético realizado años atrás. Tras la nueva exhumación, el análisis genético volvió a confirmar que los restos correspondían a su hija.
El organismo defensor de derechos humanos concluyó que la actuación del agente del Ministerio Público vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica de la madre, al no salvaguardar adecuadamente sus derechos y generar una afectación emocional y económica. Por ello, se recomendó la reparación integral del daño, que incluye el señalamiento de responsabilidades y compensaciones.
En su resolución, la PRODHEG recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la falta de seguridad jurídica puede derivar de prácticas estatales que minan la confianza pública en las instituciones, provocando inestabilidad en el ejercicio de los derechos fundamentales y en las situaciones jurídicas de las personas.
