Agencias
Ciudad de México.- Colectivos de madres buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al gobierno federal poner fin a la criminalización y represión de las protestas realizadas durante la semana de inauguración del Mundial de Futbol 2026, al tiempo que rechazaron las acusaciones sobre un presunto financiamiento político detrás de sus movilizaciones.
A través de un pronunciamiento conjunto, agrupaciones como Data Cívica, Fundar, Red TDT, Luz de Esperanza y diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron que entre el 4 y el 11 de junio participaron en manifestaciones pacíficas para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, donde actualmente se reportan más de 134 mil personas desaparecidas.
Los colectivos aseguraron que, en lugar de recibir respuestas a sus demandas de búsqueda, verdad y justicia, enfrentaron una “presencia desproporcionada de elementos policiales”, encapsulamientos, restricciones a la movilidad y citatorios judiciales que consideran intentos de inhibir la protesta social.
Entre los hechos denunciados se encuentra una movilización realizada en Toluca antes del partido entre México y Serbia, donde integrantes del colectivo Flores en el Corazón organizaron una actividad simbólica con fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos. Según denunciaron, autoridades desplegaron un amplio operativo policial para impedir su avance.
Asimismo, señalaron que en Puebla integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos fueron rodeados por cientos de elementos antimotines cerca del Estadio Cuauhtémoc. Durante el operativo, algunas participantes reportaron empujones y el retiro de pertenencias. Posteriormente, denunciaron que fueron citadas por la Fiscalía estatal el mismo día de la inauguración del Mundial.
Las organizaciones también cuestionaron la retención de 17 autobuses que transportaban a madres buscadoras, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes, quienes fueron detenidos en la caseta de Tlalpan bajo argumentos de seguridad nacional. Los afectados denunciaron irregularidades en las revisiones y aseguraron que la medida provocó la cancelación de actividades programadas en la capital del país.
Otro de los puntos de inconformidad surgió tras declaraciones realizadas en la conferencia presidencial del pasado 11 de junio, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sugirió que algunos colectivos de Jalisco habrían recibido apoyo económico de grupos opositores para participar en las movilizaciones.
Los familiares rechazaron categóricamente dichas afirmaciones y sostuvieron que insinuar intereses políticos detrás de sus protestas constituye una forma de estigmatización que incrementa los riesgos para quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Ante esta situación, exigieron el cese inmediato de cualquier acción o declaración que criminalice la protesta social, garantías para ejercer su derecho a manifestarse, el esclarecimiento de los operativos realizados durante las movilizaciones y una respuesta efectiva a la crisis de desapariciones que enfrenta México.
“Las familias buscadoras no son un problema de seguridad pública ni un asunto de financiamiento político. Son víctimas que exigen verdad, justicia y la localización de sus seres queridos”, señalaron las organizaciones al concluir su pronunciamiento
