De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El Ayuntamiento de Córdoba ha destinado durante el primer trimestre de 2026 al menos 20.8 millones de pesos en contratos para el traslado, recolección, disposición final y arrendamiento de maquinaria pesada destinada al manejo de residuos sólidos urbanos. La mayoría de estos contratos se otorgaron mediante adjudicación directa e invitación restringida, sin licitación pública. La nómina de empresas beneficiarias es prácticamente la misma que operó durante la administración del exalcalde Juan Martínez Flores (2022-2025), lo que sugiere una continuidad en las prácticas de contratación y un posible desvío de recursos públicos.
Un análisis comparativo de los reportes de transparencia del 2024 y 2025 revela que al menos 6 empresas relacionadas con el manejo de residuos sólidos repiten como proveedoras del municipio. Entre ellas se encuentran ELM Transportes, S.A.P.I. de C.V. (traslado de residuos), Transportes Mortera, S.A. de C.V. (arrendamiento de compactadores), Grupo Hera de las Altas Montañas, S.A. de C.V. (arrendamiento de retroexcavadoras), Procesadora de Residuos Veracruzanos, S.A. de C.V. (disposición final), Materiales Oconit, S.A. de C.V. (disposición final), y Suministro de Refracciones a Diesel, S.A. de C.V. (mantenimiento vehicular). Los montos mínimos y máximos establecidos en cada convenio suman una bolsa superior a los 20 millones de pesos, con rangos que permiten aumentar el gasto sin control aparente.
El caso más revelador es el de ELM Transportes, S.A.P.I. de C.V., empresa que no figura en los registros de la gestión de Juan Martínez Flores, pero ¡sorprendentemente! aparece en 2026 con un contrato millonario. Esta empresa, contratada por adjudicación directa para el traslado de residuos sólidos con un monto máximo de 7.5 millones de pesos, opera desde el mismo polígono rural donde se ubica Trabal S. de R.L. de C.V., empresa señalada como propiedad del actual alcalde, Manuel Alonso Cerezo, y su socio Luis Abella Alvarado.
Además, el portal de transparencia del Ayuntamiento registra como beneficiaria final de ELM Transportes a Miriam Gómez Fernández, quien labora en Trabal, según su perfil de LinkedIn. La Ley General Antilavado define al beneficiario final como la persona física que finalmente recibe el provecho económico de una persona moral, lo que significa que los recursos pagados a ELM Transportes terminan en manos de una empleada de la empresa del alcalde. El Ayuntamiento adjudicó de forma directa a ELM Transportes el contrato AD/01-A/FISCALES/2026, con un monto máximo de 7.5 millones de pesos, para el traslado de residuos sólidos urbanos desde el centro de transferencia de Córdoba hasta su disposición final. Además, dos personas físicas, Jesús Antonio Suazo Arzaba y Miguel Ángel Bonilla Gómez, recibieron contratos idénticos (AD/01-B y AD/01-C) también por 7.5 millones de pesos cada uno. En total, solo por este concepto, el municipio comprometió 22.5 millones de pesos, sin que mediara una licitación pública que permitiera la competencia entre proveedores.
