DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- La designación de David Flores Cervantes como director de Tránsito Municipal en Córdoba volvió a colocar bajo escrutinio los criterios de nombramiento del gobierno encabezado por Manuel Alonso Cerezo, al contradecir el llamado de la gobernadora Rocío Nahle García para que todos los mandos de seguridad pública cumplan con exámenes obligatorios de control y confianza. Nahle García informó que, por ley, quienes asuman responsabilidades en materia de seguridad en los municipios deben someterse a estas evaluaciones al inicio de cada administración, con el objetivo de fortalecer la estrategia estatal y mejorar la coordinación con instancias federales. Sin embargo, en Córdoba se concretó un nombramiento que generó cuestionamientos por antecedentes y por la falta de supervisión institucional.
Flores Cervantes asumió la Dirección de Tránsito con el aval del alcalde Manuel Alonso Cerezo y bajo la supervisión del regidor Jorge Maximiliano Huerta, presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad, en un cargo al que el funcionario llegó por recomendación política atribuida a Luis Abella Alvarado. Su llegada evidenció debilidades en los filtros de selección y en los mecanismos de control político dentro del Ayuntamiento.
Uno de los primeros hechos que marcó su gestión ocurrió tras un accidente vial en la avenida 14 de la unidad habitacional Infonavit Santa Margarita, donde un taxi volcó. Al no localizarse al conductor, un perito inició el procedimiento de aseguramiento conforme a la normatividad; no obstante, el director de Tránsito intervino, retiró al perito y asumió directamente el resguardo del vehículo.
La unidad permaneció sin custodia oficial durante varias horas, lo que derivó en actos vandálicos y culminó con el incendio del taxi. Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones administrativas ni sobre medidas correctivas adoptadas tras el incidente.
El nombramiento también reactivó antecedentes del funcionario. En 2025, cuando dirigía la Policía Municipal en Cancún, Quintana Roo, fue señalado públicamente por agredir al periodista Rubén Darío Cruz, y posteriormente se difundieron denuncias que lo vincularon con un intento de agresión contra la hija menor de edad del comunicador.
Pese a este historial, el funcionario fue incorporado a la estructura municipal de Córdoba, lo que ha generado críticas sobre la congruencia entre el discurso estatal de legalidad y la práctica local en la asignación de cargos estratégicos. La falta de posicionamientos oficiales por parte de la Presidencia Municipal y del Cabildo mantiene abiertos los cuestionamientos sobre la responsabilidad política y la ausencia de controles efectivos en una dependencia clave para la movilidad y la seguridad vial.
