Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Aunque vecinos y comerciantes pidieron retirar la plataforma de la Calle 1, la acción del alcalde Manuel Alonso Cerezo violó la Ley Orgánica al no ser sometida al Cabildo. El hecho sienta un peligroso precedente: justificar la ilegalidad bajo el argumento de que “la ciudadanía lo pedía”.
Bajo el argumento de atender una petición ciudadana, el presidente municipal Manuel Alonso Cerezo ordenó el desmantelamiento de la plataforma peatonal de la Calle 1, una obra de 1.4 millones de pesos. Sin embargo, esta acción se ejecutó sin la autorización obligatoria del Cabildo, violando la ley y transformando una demanda vecinal en un acto de arbitrariedad.
Su declaración “no sabía que tenía que pasar por Cabildo” evidencia desconocimiento normativo. Al ser confrontado, evadió a la prensa. Si bien, aunque un grupo de comerciantes pidió retirar la estructura, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz es clara: cualquier acción que afecte el patrimonio inmobiliario municipal debe ser previamente avalada por el cuerpo colegiado. “La ciudadanía lo pedía” no justifica saltarse el procedimiento legal.
Al ser cuestionado sobre por qué no se sometió a votación, el alcalde Manuel Alonso Cerezo ofreció una reveladora y preocupante declaración: “no sabía que tenía que pasar por Cabildo”. Minutos después, ante la exigencia de explicar la omisión legal, huyó de la entrevista.
El caso sienta un precedente peligroso: la voluntad de un grupo de ciudadanos no puede estar por encima de la ley. La administración no puede usar “atajos legales” por presión social. El alcalde violó los artículos 35, 36 y 73 Ter de la ley municipal, que exigen autorización del Cabildo y un dictamen técnico para modificar el patrimonio público. Ningún procedimiento se cumplió.
Mientras tanto, el Cabildo permaneció en silencio, incumpliendo su función de control. La obra, financiada con recursos federales, ya fue destruida.
El dinero se perdió y la ley fue ignorada, enviando un mensaje claro: en esta administración, la conveniencia política puede estar por encima del Estado de Derecho.
