Córdoba.- Celia Camelia Hernández Lima, actual funcionaria del Ayuntamiento de Córdoba, ha sido señalada por usurpar funciones como psicóloga en el DIF Municipal, atendiendo a niños y adultos en situación vulnerable sin contar con título, cédula profesional ni preparación académica alguna en el área de la salud mental. Su ingreso a la administración pública —primero en Ixhuatlán del Café y luego en Córdoba— habría sido producto del compadrazgo político con la síndica con licencia Vania López González, desplazando así a profesionales con formación legítima.
Gracias a los favores políticos de su pareja, Óscar Coria, Hernández Lima escaló dentro del Ayuntamiento, donde incluso se intentó promoverla como candidata a la alcaldía de Calcahualco por el Partido Verde —municipio de donde es originaria—, aunque no dejó su cargo actual por temor a perder su posición en Córdoba. Este medio ha sido blanco de ataques por parte de Coria, ante el temor de que se exponga la red de corrupción y nepotismo que han tejido, misma que incluye a otros familiares de ambos incrustados en el DIF, donde también pesan señalamientos por malos tratos y desempeño deficiente.
Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, ofreció supuestas “terapias” psicológicas a niñas y niños emocionalmente afectados por la pandemia, sin contar con formación profesional ni autorización legal. Aunque se ostenta como licenciada en Derecho, únicamente aparece un registro relacionado a esa carrera, no a Psicología. Aun así, usurpó funciones y jugó con la salud mental de menores en una etapa crítica.
Lejos de ser sancionada por esta grave falta, Hernández Lima fue simplemente movida al área de Trabajo Social, donde se le acusa de desviar apoyos alimentarios a favor de allegados de su pareja, dejando sin ayuda a quienes realmente lo necesitaban.
Como si fuera poco, fue premiada con el cargo de Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Municipal, desde donde continúa en contacto directo con niñas y niños, sin contar con el perfil profesional que exige la ley. Este caso no solo exhibe una alarmante negligencia institucional, sino una estructura de impunidad y protección política que pone en riesgo la integridad de la infancia, y refleja el profundo deterioro ético y moral de la administración pública local.
