Veracruz.– Decir la verdad le costó el empleo, la estabilidad y casi dos décadas de su vida profesional al médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien continúa sin recibir reparación del daño por parte del Estado mexicano tras negarse a encubrir el caso de Ernestina Ascencio Rosario.
Mendizábal Pérez sostuvo, con base científica, que la mujer nahua no murió por una enfermedad común, como afirmó la versión oficial, sino a consecuencia de una agresión sexual y tortura. Su dictamen, considerado incómodo para el poder en ese momento, derivó en su separación del cargo durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando laboraba en la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
Aunque posteriormente fue reinstalado, el patrón de represalias se repitió durante la siguiente administración, cuando volvió a ser cesado por negarse a modificar sus conclusiones periciales. Desde entonces, su situación laboral quedó en un limbo que no se ha resuelto pese a los cambios de gobierno en la entidad.
Ni en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares, ni durante el mandato de Cuitláhuac García Jiménez, se ha concretado su reinstalación formal en el puesto que le corresponde, a pesar de las gestiones legales emprendidas y de su trayectoria profesional.
Defensores de derechos humanos advierten que el médico suma ya 19 años sin poder ejercer plenamente su especialidad, lo que califican como una represalia prolongada y sistemática. A ello se añade su reubicación, hace seis años, en Soledad Atzompa, una medida que ignoró su edad y estado de salud, y que lo mantiene alejado de los espacios técnicos necesarios para su labor pericial.
El caso cobró nueva relevancia tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, confirmando que el peritaje de Mendizábal Pérez era correcto y que su desacreditación respondió a intereses políticos.
Organizaciones civiles señalan que el Estado mantiene una deuda no sólo con la familia de Ernestina Ascencio, sino también con quienes, desde dentro de las instituciones, se negaron a falsear la verdad. Subrayan que la reinstalación del médico en la Fiscalía de Orizaba sería un acto mínimo de justicia y una señal de que decir la verdad no debe seguir siendo motivo de persecución.
Mientras tanto, Juan Pablo Mendizábal Pérez continúa a la espera de una resolución que ponga fin a casi dos décadas de incertidumbre, con la expectativa de que el reconocimiento internacional de los hechos obligue finalmente a corregir una injusticia que permanece abierta desde hace 19 años.
