De la Redacción
El Buen Tono
VERACRUZ.— Ni la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) está a salvo. Esta semana, el hallazgo sin vida de un proyectista de la Comisión, en una casa de Banderilla, expuso con crudeza el nivel de descomposición institucional en Veracruz. ¿Cómo puede proteger a los periodistas un organismo que no puede garantizar ni la seguridad de su personal?
La CEAPP —creada para salvaguardar a quienes ejercen el periodismo— es un cascarón decorativo, con medidas de protección mínimas, lentas, burocráticas y absolutamente inútiles . Y peor aún: en los últimos dos atentados contra medios como El Buen Tono y Radio Banana, no movió un sólo dedo.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha brillado por su negligencia e indiferencia: desde el primer atentado contra Radio Banana ocurrido el 23 de mayo, no ha habido peritajes, avances ni una sola línea de investigación seria. El 22 de junio, la antena fue saboteada de nuevo, con impunidad. La FGR no apareció, la Fiscalía del Estado no respondió y la CEAPP calló.
A esto se suma una estructura local que, en lugar de proteger, hostiga y margina a los medios críticos. En Córdoba, por ejemplo, la encargada de enlace con medios, Martha Cuicahua, ha sido señalada por su trato discriminatorio hacia reporteros independientes, bloqueando la información pública y negando acreditaciones a medios no alineados al poder, en un claro atentado a la libertad de prensa.
Más grave aún es que Cuicahua mantiene vínculos políticos y operativos con Manuel Alonso Cerezo, el impugnado de Morena, a quien se le acusa de lavado de dinero, uso indebido de recursos públicos y de mantener relaciones con empresas favorecidas en la recolección de basura, a través de contratos amañados.
Es decir, en Córdoba, la vocera institucional actúa como operadora política de un candidato investigado, y como muro de contención contra la prensa que cuestiona. Una doble traición: al cargo público y a la democracia.
Desde esta redacción reprochamos enérgicamente el silencio de las autoridades y exigimos lo siguiente:
- Que la FGR cumpla su deber legal y se active de inmediato con peritajes, investigaciones y procesos reales.
- Que la gobernadora Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum no esquiven su responsabilidad histórica con la libertad de expresión y actúen ya.
- Que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra medios, y que se investigue el rol de funcionarios públicos que discriminan, encubren o colaboran con el poder fáctico.
