La colusión entre empresas y autoridades, así como la presencia del crimen organizado, son factores que inciden en México en el asesinato de defensores ambientales.
Entre 2016 y 2017 los casos se multiplicaron, al pasar de tres a 15, de los cuales 13 fueron de indígenas, señala el informe ¿A qué precio?, de Global Witness.
En el país, la minería es la actividad con que más se relacionan los casos de violencia en las comunidades, seguida de los proyectos de infraestructura, indica, en la presentación del reporte mundial en México, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo que reúne a Serapaz, Grupo Poder, Cemda y Oxfam, entre otras organizaciones, que han trabajado el tema en años recientes.
LA JORNADA
