Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- La crisis de desapariciones en México ha escalado al máximo órgano de deliberación global. Juan Carlos Gutiérrez, fundador y director de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, confirmó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remitió la situación del país a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este mecanismo, uno de los más severos del sistema internacional, se activa ante patrones sistemáticos y generalizados de desaparición. Con más de 132 mil casos registrados oficialmente, las Naciones Unidas han determinado que existen indicios fundados de crímenes de lesa humanidad.
El activista, quien participó en un taller con el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, aclaró que el informe no acusa al Gobierno Federal de una política deliberada de desapariciones, sino que responsabiliza al Estado mexicano en su conjunto por la falta de resultados en prevención, búsqueda, investigación y sanción.
“La responsabilidad es compartida entre los distintos niveles de gobierno, pero muchos de los patrones documentados corresponden a periodos anteriores a 2018”, explicó.
Gutiérrez mencionó que estados como Veracruz han sido históricamente de los más afectados, con casos emblemáticos ocurridos en administraciones pasadas, como la fosa de Colinas de Santa Fe descubierta por el colectivo El Solecito y considerada una de las más grandes de América Latina, que motivaron denuncias ante la Corte Penal Internacional.
A nivel nacional, el panorama sigue siendo grave: en 50 años solo se han dictado 36 sentencias por desaparición forzada, frente a miles de casos documentados en décadas pasadas.
Más allá del análisis jurídico, el director de IDHEAS hizo un llamado a la empatía social: “El mensaje es que este fenómeno puede tocar a cualquier familia. Desafortunadamente, en muchas comunidades vemos a familiares con la camiseta o la pancarta de su ser querido desaparecido”.
Finalmente, alertó sobre los riesgos de una depuración estadística sin sustento y señaló que argumentos como la aparición de algunas personas en registros de vacunación COVID no son suficientes, pues se han documentado casos de clonación de identificaciones. “Solo cuando se confirme que la persona está viva o se identifiquen sus restos podremos ajustar las cifras”, concluyó.
