AGENCIA
Ciudad de México.- El Gobierno de México obtuvo una victoria en un arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, Inc., luego de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimara una reclamación por más de 315 millones de dólares (MDD) presentada contra el Estado mexicano.
La Secretaría de Economía informó que el fallo fue emitido el pasado 29 de mayo de 2026 y resolvió de manera unánime a favor de México, rechazando las acusaciones de la compañía minera relacionadas con el desarrollo del proyecto Sierra Mojada, ubicado en el estado de Coahuila.
La controversia se originó en junio de 2023, cuando Silver Bull presentó una demanda al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La empresa argumentó que, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., adquirió diversas concesiones mineras entre 1996 y 2002 y que, desde 2019, una cooperativa minera local, presuntamente respaldada por autoridades municipales, obstaculizó el desarrollo de su proyecto.
Por su parte, el Estado mexicano sostuvo que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable frente a un conflicto social generado en la zona y argumentó que las reclamaciones de la empresa estaban fuera del alcance temporal establecido por el TLCAN. Asimismo, señaló que la compañía no contaba con la capacidad técnica y financiera necesaria para poner en marcha el proyecto.
Tras analizar el caso, el Tribunal Arbitral concluyó que no existían elementos para atribuir al Estado mexicano las acciones denunciadas por la empresa. Además, determinó que carecía de competencia para resolver la controversia debido a que los hechos señalados ocurrieron fuera del periodo aplicable bajo el tratado comercial.
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma significativa por concepto de gastos y costos derivados del arbitraje internacional.
El proyecto Sierra Mojada comprende 20 concesiones mineras con una extensión superior a 9 mil 500 hectáreas en un histórico distrito minero de plata, plomo y zinc descubierto en 1879. De acuerdo con la propia empresa, el yacimiento cuenta con importantes reservas de plata y zinc.
La Secretaría de Economía destacó que la decisión fortalece la certeza jurídica del país en materia de inversión internacional y confirma los límites de las obligaciones asumidas por México en tratados comerciales.
La defensa del Estado mexicano estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas especializadas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
La dependencia federal informó que el laudo arbitral se encuentra actualmente en proceso de revisión para proteger información confidencial y que, una vez concluido dicho procedimiento, será publicado oficialmente por el CIADI.
