Agencias
Ciudad de México.– El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que carece de rigor jurídico y presenta una visión “tendenciosa” sobre la situación de las desapariciones en el país.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que el documento omite avances institucionales logrados desde 2018, así como reformas recientes implementadas para atender esta problemática.
La postura oficial surge luego de que el Comité solicitara al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir de forma urgente la situación de México ante la Asamblea General.
El gobierno mexicano sostuvo que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante administraciones anteriores, y que no refleja la realidad actual del país ni las acciones emprendidas en los últimos años.
Asimismo, destacó que el propio Comité reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, aunque sí advirtió sobre posibles casos donde habría participación de funcionarios públicos.
⚠️ Señalan omisiones y falta de rigor
Las autoridades mexicanas también acusaron al organismo internacional de ignorar información actualizada presentada por el Estado, así como avances como la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y nuevas herramientas de investigación.
Además, cuestionaron la imparcialidad del informe al señalar posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
🛑 México reitera postura
El gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y reafirmó su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, la justicia para las víctimas y la cooperación internacional, aunque rechazó conclusiones que —asegura— no reflejan la realidad del país.
Por su parte, el Comité de la ONU indicó que, si bien muchas desapariciones están vinculadas a grupos delictivos, también existen casos con presunta participación de autoridades, lo que mantiene el tema en el centro del debate internacional.
