De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Entre contradicciones, evasivas y un evidente intento por ocultar la muerte masiva de cuyos en la UMA Citlaltépetl, el alcalde Hugo Chahín Kuri terminó exhibiendo el desorden y la opacidad con la que opera el área encargada del manejo animal en el Paseo del Río. Primero aseguró desconocer el caso; segundos después habló incluso del medicamento aplicado a los animales y finalmente afirmó que los ejemplares restantes estaban “resguardados”, aunque nunca aclaró en qué lugar ni bajo qué condiciones.
La reacción del presidente municipal encendió todavía más la indignación ciudadana, pues lejos de transparentar lo ocurrido con al menos 30 cuyos muertos en 24 horas por una aplicación errónea de ivermectina, terminó reforzando la percepción de que en la UMA existe una cadena de negligencias que el ayuntamiento insiste en proteger mientras continúan acumulándose muertes de animales bajo resguardo oficial.
La crisis en la UMA Citlaltépetl no comenzó con los cuyos. Desde 2025 se han documentado una serie de episodios que colectivos animalistas y ciudadanos consideran parte de un patrón sistemático de descuido, ocultamiento y falta de supervisión en el zoológico urbano instalado en el Paseo del río Orizaba.
El 25 de abril de 2025 murió “Skippy”, un canguro macho cuyo fallecimiento fue atribuido a un presunto envenenamiento. El caso provocó indignación y abrió cuestionamientos públicos sobre las condiciones en las que permanecen los animales la UMA.
Meses después, el 16 de agosto de 2025, ciudadanos realizaron la primera marcha pacífica para exigir mejores condiciones para las especies resguardadas. Apenas dos días más tarde, el 18 de agosto, murió un león macho joven, caso que agravó la presión social sobre el ayuntamiento.
Para el 24 de agosto de ese año, colectivos animalistas volvieron a salir a las calles denunciando un “patrón de negligencia, ocultamiento y maltrato”. La presión pública derivó el 27 de agosto en el relevo de la coordinación de la UMA: Arturo Trueba dejó el cargo y fue sustituido por Sergio Paul Hernández.
Los cambios administrativos no frenaron las denuncias. En enero de 2026 surgieron señalamientos por la exposición de tucanes y guacamayas a bajas temperaturas sin refugios adecuados, situación que ciudadanos consideraron violatoria de la Ley General de Vida Silvestre.
El 7 de mayo de 2026, la muerte de al menos 30 cuyos, tras una sobredosis de ivermectina vuelve a colocar a la UMA en el centro de la polémica y revive cuestionamientos sobre la capacidad del personal encargado del manejo y atención médica de los animales.
Entre los nombres señalados por colectivos y activistas están Brenda Abaroa, encargada de la reserva animal; Arturo Trueba, ex coordinador de la UMA; Sergio Paul Hernández, responsable; y ayuntamiento de Orizaba, encabezado políticamente por Juan Manuel Diez y operado por Hugo Chahín.
Aunque ciudadanos aseguran que Profepa habría realizado inspecciones tras denuncias, hasta ahora no existen expedientes públicos, sanciones visibles o resoluciones oficiales dadas a conocer a la población, lo que ha incrementado las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
El caso no solo podría derivar en responsabilidades administrativas. La Ley General de Vida Silvestre y la legislación estatal en materia de protección animal contemplan sanciones económicas, clausuras e incluso consecuencias penales si se acreditan actos de negligencia, maltrato o crueldad animal.
En tanto, la percepción entre ciudadanos y colectivos es cada vez más contundente: las muertes dentro de la UMA dejaron de verse como hechos aislados y comienzan a interpretarse como síntomas de una administración que perdió el control sobre el bienestar animal.
