De la Redacción
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- La población y la economía local enfrentan un estancamiento profundo que se palpa en cada rincón de la ciudad, una realidad marcada por la contracción del circulante y el encarecimiento de la vida. Sin embargo, la clase política vive ajena a esta crisis, protegida por un sistema que garantiza su prosperidad incluso cuando el resto de la sociedad se contrae.
La economía local se hunde en un estancamiento profundo, agravado por el inicio de la temporada conocida como “la guayaba”, un periodo que tradicionalmente sigue a la zafra cañera y que se caracteriza por una drástica desaceleración de la actividad comercial. Este año, el fenómeno se combina con una inflación del 4.84 por ciento (%), superior a la media nacional, creando una tormenta perfecta que asfixia a familias y comercios, pero que parece no afectar en lo más mínimo la holgura económica de la clase política.
Según la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Córdoba, se prevé que la economía local pueda contraerse hasta en un 30% durante esta época, marcada por una baja movilidad económica y las vacaciones. Mientras papelerías y tiendas de uniformes podrían ver un repunte del 35% en ventas por el regreso a clases, este respiro es amargo para las familias, que deben destinar hasta 8 mil pesos por hijo debido al incremento del 7% en el precio de los útiles escolares. Este gasto, forzado por la inflación, drena los ya de por sí escasos recursos de los hogares.
La parálisis es generalizada. El transporte de carga reporta una alarmante disminución en los fletes, los precios del pollo, el aguacate y el limón se desploman, y las ventas de casas y automóviles nuevos están prácticamente paralizadas. Los productores de café y caña, pilares de la economía regional, enfrentan precios a la baja, profundizando la crisis en el campo.
En contraste absoluto con esta realidad, la clase política local opera en una burbuja de inmunidad financiera. El alcalde de Córdoba, por ejemplo, percibe un salario mensual exorbitante que supera los 150 mil pesos libres de impuestos, una cifra que para una familia promedio requeriría de casi dos años de trabajo para igualar, sin contar sus demás prestaciones y bonos.
Sus ingresos, garantizados por ley, no fluctúan con la temporada de “la guayaba”, no se resienten con la inflación y no dependen de que la economía familiar se contraiga.
