SANTIAGO.- Cecilia Pérez Jara, Ministra General de Gobierno de Chile, en nombre del presidente Sebastián Piñera, al inaugurar un encuentro entre directores y editores de diarios y periódicos de Perú y Chile y al referirse a la cuestión limítrofe existente entre ambos países, sobre la que habrá de fallar la Corte Internacional de Justicia de La Haya a mediados del año próximo, fue muy enfática en resaltar en que sin desmedro de la legítima defensa de la patria y del territorio, por sobre ello son y serán países y pueblos limítrofes comprometidos con la paz y convencidos en la necesidad de avanzar y progresar juntos.
Ese fue el tono que, hace dos semanas, presidió las deliberaciones del cuarto encuentro entre los periodistas, -el anterior se celebró en Lima en mayo pasado-, que abordaron el tema limítrofe, siempre sensible, complejo y delicado y más cuando hay que llevarlo a la opinión pública, pero también otros tópicos como los problemas que en materia de libertad de prensa enfrentan hoy algunos países de la región, muy particularmente en Argentina, Venezuela y Ecuador, y la necesidad de evitar cualquier debilitamiento de los organismos interamericanos de defensa de las libertades y derechos humanos.
Y mientras eso ocurría en Santiago, desde Bogotá irrumpió en el espectro informativo la inesperada, sorprendente y airada reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos, frente al fallo de la Corte de La Haya que definió la controversia sobre soberanía marítima que Nicaragua y Colombia había sometido a su jurisdicción. La reacción del gobierno colombiano, que señala errores y vacíos a la sentencia, prevé de alguna forma “recurrir” un fallo que es inapelable, con reclamos ante las secretarías de la ONU y de la OEA, e incluye el anuncio del retiro del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de La Haya y a la cual hasta ahora está sometida, le guste o no, Colombia.
Esta conducta del gobierno de Santos, aparentemente no le está haciendo bien a su imagen y amenaza con deteriorarla aún más a medida que pasan las horas.
Por el contrario, ha contribuido a sumar calma respecto a la controversia entre chilenos y peruanos.
De una forma u otra, a través de voceros, analistas, ex cancilleres y los propios cancilleres, de un país y del otro, se ha dejado bien claro que el caso colombiano-nicaragüense no se asemeja al peruano-chileno, pero que más allá de eso, ambos países y gobiernos tienen como conducta, por tradición y por convicción, respetar las decisiones de los organismos a cuyas jurisdicciones están sometidos.
Seguro que no se va a llegar a una guerra en el Caribe, pero da para especular. Muchos se preguntan qué van a hacer los países del ALBA, -Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y su casi miembro Cristina Kirchner- ante esta actitud de Colombia que no le quiere reconocer su nueva soberanía marítima a su socia Nicaragua. Por otro lado están los que comparan esta actitud del gobierno de Juan Manuel Santos -que ante un fallo adverso de un tribunal se retira-, a las asumidas por Hugo Chávez respecto a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana, cuando le señalan sus continuas violaciones a los DDHH, o le dictan medidas cautelares en defensa de los derechos y garantías de ciudadanos venezolanos.
Como dicen algunos con algo de sorna pero con mucha preocupación: ¿Hasta dónde va a llegar el mimetismo de Juan Manuel con “su nuevo mejor amigo”?
* El autor es Miembro Consultivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité Coordinador Mundial de Libertad de Prensa.
