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AGENCIA

Chilpancingo, Gro.- Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), con presencia en la comunidad de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, señaló que los recientes ataques con explosivos registrados en comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez han provocado el desplazamiento de familias y forman parte de una disputa más amplia por el control del territorio y sus recursos naturales.

En un posicionamiento público, la organización sostuvo que en la región de la Montaña y la Costa Chica existen al menos 24 concesiones mineras, y acusó que intereses externos estarían detrás de una estrategia de despojo territorial, en la que, aseguran, se utilizan grupos armados para generar violencia en la zona.

La OCSS afirmó que las comunidades han sido afectadas por una violencia prolongada, en la que se han registrado ataques, desplazamientos forzados y agresiones constantes desde hace varios años, particularmente en municipios de Chilapa de Álvarez, donde operan distintas organizaciones comunitarias y civiles.

El pronunciamiento también criticó las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien vinculó a organizaciones comunitarias como el Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) con grupos delictivos responsables de la violencia en la región.

La organización campesina rechazó esa postura y sostuvo que criminalizar a las comunidades organizadas ha sido una práctica histórica para deslegitimar sus movimientos de defensa territorial y autogobierno.

De acuerdo con la OCSS, desde 2015 se han documentado 81 homicidios y 25 desapariciones de integrantes de comunidades vinculadas al Cipog-EZ, además de múltiples agresiones recientes en la región, incluyendo ataques con armas de alto poder y el uso de drones con explosivos.

Finalmente, la organización responsabilizó a los tres niveles de gobierno por la seguridad de los integrantes de las comunidades organizadas en la región y reiteró su exigencia de medidas de protección para sus dirigentes, así como el reconocimiento de sus estructuras de autogobierno comunitario.

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