AGENCIA
Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) analizan una propuesta para establecer una remuneración de hasta 2 por ciento (%) sobre el valor de celulares, tabletas, computadoras, memorias USB y otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor.
La propuesta, que ha comenzado a generar preocupación entre consumidores y representantes de la industria tecnológica, no constituye por ahora un impuesto aprobado ni existe una confirmación oficial sobre su implementación. Sin embargo, el planteamiento busca revivir el esquema de remuneración compensatoria por copia privada, bajo el argumento de que estos equipos pueden utilizarse para almacenar obras protegidas.
El proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, junto con Indautor y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). De concretarse, un reglamento establecería los dispositivos sujetos al cobro, los responsables de cubrirlo y la forma en que se determinaría la tarifa.
Entre los equipos que podrían quedar contemplados se encuentran teléfonos celulares, computadoras, tabletas, pantallas y memorias USB, por lo que el alcance de la medida podría extenderse a una amplia variedad de productos utilizados cotidianamente por los mexicanos.
Aunque el pago formal podría recaer en productores e importadores, existe el riesgo de que el costo termine trasladándose al consumidor mediante un incremento en el precio final de los dispositivos. Esto afectaría especialmente a quienes necesitan adquirir equipos tecnológicos para estudiar, trabajar o acceder a servicios digitales.
La industria ha advertido además sobre un posible impacto económico considerable. Estimaciones citadas en los reportes sobre la propuesta calculan que el esquema podría representar entre 700 y 750 millones de dólares anuales, con posibles efectos sobre la inversión, la competitividad y la incorporación de nuevas tecnologías.
El antecedente de 2021
La propuesta tiene un antecedente directo. En 2021 se intentó modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer una remuneración por copia privada sobre equipos de almacenamiento como celulares, computadoras, discos duros y memorias USB.
Aquel proyecto fue bautizado por sus críticos como “moche digital” y se estimaba que podía generar entre 4 mil y 6 mil millones de pesos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados con 292 votos en contra, 87 a favor y 59 abstenciones.
Ahora el planteamiento vuelve a aparecer, pero con una diferencia relevante: En lugar de impulsar nuevamente una reforma legislativa, se analiza establecer el mecanismo mediante un reglamento.
Un cobro cuestionable para los consumidores
La propuesta abre un debate que va más allá de la protección de los derechos de autor. El problema es que se pretende cobrar por una posibilidad de uso y no necesariamente por una actividad que el consumidor efectivamente realice.
Un celular no se utiliza exclusivamente para almacenar canciones, películas, fotografías o libros protegidos por derechos de autor. Es también una herramienta de comunicación, trabajo, educación, banca, comercio y acceso a servicios públicos. Lo mismo ocurre con una computadora o una memoria USB.
Cobrar hasta 2% sobre estos productos bajo el argumento de que podrían utilizarse para realizar copias privadas equivale, en los hechos, a trasladar al consumidor una compensación anticipada por una conducta que puede no ocurrir.
Además, existe el riesgo de que los consumidores terminen pagando dos veces: Primero por la adquisición de contenidos o suscripciones a plataformas digitales y posteriormente mediante un cargo incorporado al precio del dispositivo que utilizan para acceder a ellos.
El llamado “moche digital” también podría encarecer la tecnología en un país donde millones de personas dependen de celulares y computadoras para estudiar, trabajar y realizar actividades económicas. En lugar de facilitar el acceso a herramientas digitales, una medida de este tipo podría convertirse en una barrera adicional para los consumidores.
Por ahora, no existe un nuevo impuesto que los mexicanos estén obligados a pagar. Pero el solo hecho de analizar nuevamente este esquema debería provocar una discusión pública amplia, transparente y con participación de consumidores, empresas, especialistas y creadores, antes de imponer un cobro que podría terminar afectando directamente el bolsillo de las familias.
Obvio, solo buscan de dónde sacar más dinero, porque los elefantes blancos de AMLO siguen “chupando” el presupuesto.
El problema no es que cobren impuestos, si no que están administrados por personas incompetentes y con cero medidas de desempeño. Básicamente cada recaudación está perdida.
El nuevo PRI sí que se salió más abusado, estos personajes han modificado las leyes y siguen haciendo lo que quieren, y como le dan dinero a los viejitos, a los morritos, al Tren Maya y demás, pues el “pueblo bueno y sabio” no dice nada.
