Agencias
México.- Morena y sus aliados lograron la aprobación de una reforma clave que modifica la Ley del Seguro Social, con la intención de regular los retiros por desempleo de las Afores. La medida, que fue respaldada con 476 votos a favor y sin votos en contra, busca erradicar malas prácticas como el cobro de comisiones excesivas y el uso de “coyotes”, argumentaron los legisladores de la 4T.
Sin embargo, aunque la reforma fue aprobada sin oposición en la Cámara Baja, la oposición ha advertido que estará vigilante para garantizar que no se desvíen los recursos y que el gobierno no termine tomando control de los fondos de los trabajadores. Para algunos, esta reforma podría ser más un intento de centralizar el poder económico que una verdadera protección al ahorro de los mexicanos.
El camino de la reforma
La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Senadores para su revisión, representa un intento del gobierno por regular los retiros de las Afores ante los constantes señalamientos de prácticas abusivas en el sistema. De ser aprobada en el Senado, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Durante la sesión, varios legisladores del PAN expresaron su apoyo a la propuesta, aunque aclararon que, si bien consideran que es un beneficio para los trabajadores, estarán atentos a cualquier abuso en la aplicación de la nueva ley. La vigilancia por parte de la oposición se centra en evitar que el gobierno use los fondos de los trabajadores para paliar la falta de recursos fiscales.
Por otro lado, el PRI, bajo la dirección de Rubén Moreira, señaló que esta reforma refleja las dificultades económicas del gobierno de Claudia Sheinbaum, que según ellos, buscaría apoderarse de los ahorros de los trabajadores ante un panorama de crisis fiscal. Aseguran que la reforma podría abrir la puerta a nuevos mecanismos de control que favorezcan al gobierno en detrimento de los derechos laborales.
Los detalles de la reforma
La reforma modifica el artículo 91 de la Ley del Seguro Social, específicamente los incisos a y b de la fracción II, así como el párrafo segundo de esta misma fracción. Los cambios propuestos buscan implementar mecanismos que protejan los ahorros de los trabajadores y evitar que estos se desvaloricen rápidamente.
Uno de los ajustes clave es la eliminación del uso de salarios mínimos para calcular los retiros, pasando a emplear Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se espera que brinde mayor estabilidad y transparencia en los retiros. Además, la reforma propone que el monto a retirar sea “más integral”, es decir, que se considere la historia salarial del trabajador y no solo su último ingreso.
De acuerdo con Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, esta medida permitirá que los trabajadores obtengan un retiro más acorde con sus necesidades reales, protegiendo así el ahorro para el retiro de prácticas irregulares que afectan principalmente a los desempleados que buscan acceder a sus fondos.
Crítica y cuestionamientos
Aunque la reforma puede parecer positiva en cuanto a la regulación de los retiros, hay un escepticismo creciente sobre sus verdaderas intenciones. Si bien es necesario acabar con las prácticas ilegales dentro del sistema de Afores, el temor a que el gobierno use la reforma para obtener un control excesivo sobre los fondos privados de los trabajadores es cada vez mayor.
La transición hacia un modelo que permita el uso de la UMA en lugar de salarios mínimos podría representar un paso hacia una mayor estabilidad, pero también abre la puerta a una mayor manipulación política de los ahorros, lo que dejaría a los trabajadores vulnerables ante las decisiones gubernamentales. El riesgo de que esta reforma se convierta en un instrumento para reforzar el control del Estado sobre los recursos privados es un tema que debería seguir siendo debatido con seriedad.
En resumen, la reforma tiene el potencial de regular y proteger el sistema de Afores, pero su implementación debe ser vigilada de cerca para evitar que se convierta en una excusa para nuevos abusos o para poner en peligro los recursos de los trabajadores.
