De la Redacción
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- A menos de tres meses de haber iniciado la administración de continuidad morenista, comerciantes de Córdoba han alzado la voz para denunciar una red de extorsión que opera bajo la modalidad de “derecho de piso”. Los afectados señalan que individuos, quienes aseguran ser enviados directos del alcalde Manuel Alonso Cerezo, los presionan para realizar pagos bajo el argumento de que es “necesario organizarse” para garantizar la operatividad de sus negocios.
Los testimonios indican que los extorsionadores utilizan llamadas telefónicas directas para intimidar a los propietarios. Como mecanismo de presión, los delincuentes afirman trabajar estrechamente con el edil morenista e incluso ofrecen concretar reuniones personales con él. Esta táctica busca dar una apariencia de oficialidad y protección a los cobros ilícitos, incrementando el temor entre el sector comercial local.
La gravedad de estas acusaciones se acentúa al considerar el historial de Manuel Alonso Cerezo, quien ha sido vinculado previamente con el tráfico de combustible robado o huachicol. Documentos de inteligencia han señalado su relación societaria con la empresa Trabal (junto con su socio y cómplice Luis Abella), vinculada a la compra de hidrocarburo ilícito, lo que genera fuertes sospechas sobre el posible uso del aparato municipal para proteger esquemas criminales.
A este complejo escenario se suma la figura de David Flores Cervantes, alias “El Gavilán”, actual director de Tránsito y Vialidad. Flores Cervantes acarrea señalamientos desde su gestión en Cancún, donde fomentó modelos de extorsión similares. Se le acusa de implementar en Córdoba un sistema de distintivos para delincuentes, permitiéndoles operar libremente y evitar detenciones por parte de las autoridades viales.
La operatividad de estas redes de extorsión parece estar incrustada en áreas estratégicas del gobierno de Córdoba. Según versiones ciudadanas, el modelo de corrupción importado desde Quintana Roo ha encontrado terreno fértil en la ciudad, facilitando que grupos delictivos actúen bajo el amparo de funcionarios que deberían velar por el orden y la seguridad de la ciudadanía.
Finalmente, el cuerpo de seguridad local también se encuentra bajo sospecha directa. El comandante de la Policía Municipal, Luis Ángel Vargas Miranda, enfrenta múltiples denuncias por abuso de poder y extorsión. Hasta ahora, y a pesar de la insistencia de los afectados, no se han tomado medidas visibles para investigar su conducta o separarlo del cargo, lo que refuerza la percepción de impunidad en la administración actual.
