AGENCIA
Nacional.- El grupo parlamentario de Morena en el Senado, en conjunto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), analiza una posible reforma constitucional para eliminar la autonomía de las fiscalías generales de justicia estatales. La propuesta busca que los fiscales vuelvan a depender de los gobernadores, quienes enviarían una terna al Congreso local para su designación, como ocurría antes de la reforma de 2014.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el senador Waldo Fernández, de Morena, explicó que esta iniciativa responde a las constantes quejas ciudadanas sobre el sistema de justicia:
“Los ciudadanos se quejan todos los días del sistema de justicia y muchas veces responsabilizan a los gobernadores, aunque las fiscalías no dependen directamente de ellos”, señaló.
Fernández aseguró que, de aprobarse, la reforma no afectaría el mandato de los fiscales actuales, quienes concluirían su encargo conforme a los términos ya establecidos.
Críticas a la autonomía en
entidades como Nuevo León y Guanajuato
El senador cuestionó el modelo de autonomía vigente, asegurando que no ha logrado su propósito de mejorar el acceso a la justicia ni evitar el uso político de las fiscalías. Puso como ejemplo el caso de Nuevo León, donde la autonomía -dijo- provocó una “parálisis institucional”.
En Guanajuato, el modelo también ha sido criticado. En 2023, el entonces fiscal Carlos Zamarripa Aguirre modificó el reglamento interno para establecer una pensión especial, lo que le permitió recibir una gratificación cercana a 4 millones de pesos al dejar el cargo en enero de 2025. Aunque Morena en el Congreso local intentó eliminar ese beneficio, la Fiscalía respondió con una nueva prestación para personal con al menos 20 años de servicio.
Sheinbaum se deslinda de la iniciativa
Cuestionada durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se distanció de la propuesta legislativa impulsada por su partido en el Senado.
“No es una propuesta nuestra. Hay que analizar profundamente, porque hay fiscalías que funcionan bien y otras no tanto”, dijo.
La mandataria subrayó que, si bien las fiscalías son clave para el combate al delito, la reforma no forma parte de la agenda del Ejecutivo federal: “No es interés de la presidenta vigilar la función de la Fiscalía”, agregó.
¿Qué implicaría el cambio?
De aprobarse, la iniciativa revertiría el modelo de autonomía constitucional que desde 2014 busca garantizar la independencia de las fiscalías estatales en la investigación de delitos. Con ello, los gobernadores volverían a tener influencia directa en el nombramiento de fiscales, lo que abre el debate sobre el equilibrio entre eficacia, independencia y control político en el sistema de justicia.
Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de análisis interno, sin que haya sido presentada formalmente ante el Congreso de la Unión. El tema promete abrir un amplio debate nacional sobre el futuro de las instituciones de procuración de justicia en México.
