Agencias

Esmeraldas, Ecuador.- Un nuevo motín registrado la madrugada de este jueves en la cárcel de Esmeraldas dejó un saldo de al menos 17 internos muertos, varios de ellos desmembrados, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Se trata del segundo episodio violento en menos de una semana dentro del sistema penitenciario del país.

El enfrentamiento ocurrió en la principal prisión de Esmeraldas, un puerto estratégico cercano a la frontera con Colombia. El centro, diseñado para albergar a poco más de mil 100 reclusos, supera actualmente su capacidad, lo que ha sido señalado como un factor que agrava las condiciones de violencia en los penales.

Familiares de los internos se congregaron en los alrededores del penal en busca de información. “Se escuchaban balaceras, gritos y lamentos desde la madrugada”, relató una mujer que pidió el anonimato mientras esperaba noticias sobre su pariente. Autoridades militares orientaron a los familiares a acudir a la morgue para identificar a las víctimas.

La Policía confirmó que entre los fallecidos también se encuentra un guardia penitenciario. Con este hecho, el número de reclusos muertos en disturbios carcelarios en los últimos tres días en Ecuador asciende a 30.

El lunes pasado, otro enfrentamiento en la prisión de Machala, al sur del país, dejó 13 reos y un custodio sin vida, además de 14 heridos.

Escalada de violencia penitenciaria

Desde 2021, los choques entre grupos vinculados al crimen organizado dentro de los reclusorios han provocado la muerte de alrededor de 500 internos. La masacre más grave ocurrió en 2021 en Guayaquil, donde más de 100 reclusos perdieron la vida.

Pese a que desde 2024 las cárceles están bajo control militar como parte del plan Fénix del presidente Daniel Noboa, la violencia no ha cesado. El propio mandatario declaró un “conflicto armado interno” para enfrentar la crisis, pero los motines continúan evidenciando la fragilidad del sistema penitenciario.

Ecuador, por su ubicación geográfica, es considerado un punto estratégico para el tránsito de drogas producidas en Colombia y Perú hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha convertido a las prisiones en espacios de disputa por el control territorial de las organizaciones criminales.