De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Mientras el ayuntamiento de Orizaba presume orden y control en el espacio público, en las calles se acumula una realidad que desmiente el discurso oficial: el crecimiento visible y acelerado del trabajo sexual en la vía pública, sin ninguna estrategia de salud, prevención o acompañamiento institucional.
A simple vista, la presencia se ha incrementado y rejuvenecido. Lo que antes se concentraba en la Oriente 9 hoy se ha extendido hacia la Oriente 7 y la 5, ocupando más calles y mostrando nuevas caras, muchas de ellas jóvenes. Sin embargo, detrás de este fenómeno urbano no hay política pública, sólo cobro.
De acuerdo con el activista social Jairo Guarneros Sosa, se desconoce por completo la situación de salud de estas personas, y tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Salud han fallado, aunque -subrayó- la mayor responsabilidad recae en la autoridad municipal. “El ayuntamiento lo único que hace es cobrarles”, señaló.
Las personas que ejercen el trabajo sexual son registradas bajo conceptos ambiguos como meseras ambulantes, evitando reconocerlas como trabajadoras sexuales, pero exigiendo pagos mensuales. Bajo qué figura legal se les cobra actualmente es algo que ni siquiera está claro, lo que abre la puerta a irregularidades graves. El problema se agrava cuando, pese a recibir estos recursos, el ayuntamiento no garantiza lo mínimo indispensable para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como el acceso gratuito y suficiente a condones. “Ni por equivocación se preocupan por su salud”, advierte Guarneros Sosa.
El riesgo es evidente: el VIH y otras infecciones de transmisión sexual siguen siendo una amenaza latente, sobre todo cuando muchos usuarios del trabajo sexual se niegan a usar condón o condicionan su uso. Si las trabajadoras no tienen acceso directo a preservativos, la vulnerabilidad aumenta y el problema deja de ser individual para convertirse en un asunto de salud pública.
Además, el activista señaló que se envía a muchas de estas personas a laboratorios particulares para realizarse estudios, cuando desde hace años existió un oficio de la Secretaría de Salud que establece que los exámenes de VIH, sífilis y gonorrea deben ser gratuitos en los centros de salud y tener plena validez oficial.
Esta práctica no sólo representa un gasto injustificado para ellas y ellos, sino que se presta a malas interpretaciones y posibles abusos. “Es como darles permiso para ponerse en la calle, pero disfrazado”, sostuvo Guarneros Sosa.
“Al final el ayuntamiento se beneficia económicamente del trabajo sexual de estas personas, y eso puede encuadrar en un delito, porque están obteniendo una ganancia directa de la prostitución”. En ciudades como Ciudad de México o Mérida, el trabajo sexual ha sido reconocido como tal, con reglas claras, acceso a salud y derechos laborales. En Orizaba, en cambio, se opta por ocultarlo, cobrarlo y desentenderse de las consecuencias.
Sin exámenes médicos públicos, sin seguimiento real y sin dotación de condones, no existe ninguna certeza de que se estén realizando controles periódicos. Lo que sí existe es un cobro constante y una omisión institucional que pone en riesgo a toda la población.
