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XALAPA.— El deslinde de Rocío Nahle de Eric Cisneros (Bola Ocho), es una ruptura frontal con uno de los personajes más cuestionados del gobierno anterior, cuyo paso por la Secretaría de Gobierno estuvo ligado a desfalcos municipales, encubrimiento político, entre otros.
De acuerdo con el Orfis, la administración de Leticia López acumuló observaciones por daño patrimonial que superan los 107 millones de pesos. Las auditorías señalaron pagos sin comprobar, contratos irregulares, sobrecostos en obra pública, simulación de servicios y obras inconclusas, configurando uno de los desfalcos municipales más graves del centro del estado.
El ayuntamiento dejó adeudos con proveedores, pasivos laborales, obras abandonadas y servicios públicos deteriorados, situación reconocida por autoridades municipales posteriores. Pese a la magnitud del quebranto financiero y a que Córdoba es uno de los municipios con mayor presupuesto en Veracruz, no se promovieron denuncias penales ni acciones administrativas desde el gobierno, cuando Cisneros era el responsable de la relación política con los ayuntamientos.
Decenas de municipios afines a su grupo político acumularon observaciones millonarias del Orfis.
A este historial se suma uno de los mayores pasivos del exsecretario: la imposición de Verónica Giadáns como fiscal, una decisión política que derivó en una Fiscalía señalada por bajos niveles de judicialización, múltiples quejas ante la CNDH y nulos avances en casos de corrupción municipal. Bajo esa Fiscalía, los expedientes por desfalcos como el de Córdoba no avanzaron, cerrando el círculo de encubrimiento.
En ese contexto, la postura de Nahle no es solo un deslinde personal, sino una definición política. Al marcar distancia de Cisneros, la gobernadora envía mensaje claro: su administración no cargará con desfalcos millonarios ni con operadores que usaron el poder para proteger saqueos municipales y controlar la justicia.
