De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El Ayuntamiento de Córdoba aprobó un presupuesto de 15.6 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas en 2026 sin que hasta ahora exista una licitación pública ni contrato firmado.
Esta práctica no es nueva: según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 del INEGI, durante 2024 el ayuntamiento asignó 3 de cada 4 contratos mediante adjudicación directa, un esquema que permitió operaciones como la compra de papelería con sobreprecio a una empresa fantasma y un contrato millonario a una consultora del Partido Verde, ambas avaladas por la entonces síndica Vania López González.
La administración de Manuel Alonso Cerezo etiquetó 15.6 millones de pesos del FORTAMUNDF para el “arrendamiento de unidades para seguridad pública municipal” (expediente 2026300440258). El monto está aprobado, pero hasta el cierre de esta edición no se ha publicado ninguna licitación ni se ha firmado contrato alguno para dicho arrendamiento.
El registro oficial se limita a un solo “proyecto”, sin especificar número de patrullas, empresa proveedora, vigencia ni condiciones de mantenimiento y devolución.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 revela que, durante 2024, bajo la administración del entonces alcalde Juan Martínez Flores y la síndica Vania López González, el municipio operó sin una normativa propia para contrataciones, dependiendo solo de la ley estatal. De 201 contratos realizados, 149 fueron adjudicaciones directas (74.1%). Solo siete fueron por licitación pública (3.5%).
En adquisiciones, arrendamientos y servicios, de 94 contratos, 84 fueron directos y 10 por invitación restringida; ninguna licitación. En obra pública, 65 contratos directos, 35 por invitación restringida y solo siete por licitación.
Este diseño institucional concentró decisiones en pocas manos y excluyó competencia. Ejemplo: dos contratos avalados por la exsíndica Vania López González (hoy regidora novena). Uno por 2.9 millones de pesos para comprar papelería.
La empresa beneficiada, Servicomerciox Haka, tiene domicilio fiscal en una plaza abandonada de Baja California Sur. Las facturas muestran sobreprecios de hasta el 200%: hoja blanca a 132 pesos (mercado: 80), bolígrafos a 136 pesos (valor real: 15-40), grapas a 48 pesos (precio minorista: 25).
