Negocios de basura; exponen impunidad y corrupción

De la Redacción
El Buen Tono

Córdoba.- La síndica de Córdoba se pasea con la heredera del lucrativo relleno sanitario Los Colorines y su equipo de escoltas, evidenciando que las viejas cuotas de poder y los negocios familiares no desaparecen con la muerte del exdiputado.
La síndica única del ayuntamiento de Córdoba, Irene Sedas González, fue captada en plena promoción partidista en el centro de la ciudad. No estaba sola. A su lado, repartiendo volantes y material propagandístico, aparecía Sidny Darian Escobar López, hija del fallecido diputado Zenyazen Escobar y operadora del millonario negocio de la basura en la región.
Un nutrido grupo de escoltas custodiaba a ambas mujeres, un despliegue de seguridad que desentona con la supuesta austeridad republicana que la funcionaria pregona.
La escena confirma la hipótesis de que la estructura política y económica que Zenyazen Escobar tejió durante años no desapareció con su muerte, sino que se ha reconfigurado.
Irene Sedas, quien fuera señalada en su momento como una simple “peón” y operadora del exsecretario de Educación, hoy se aferra a la alianza con la heredera del difunto político para asegurar su vigencia y su próximo salto al Congreso de la Unión. Ambas representan la continuidad de un modelo donde el poder público y los intereses privados caminan de la mano para perpetuarse.
El trasfondo de esta amistad no es la afinidad ideológica, sino el control de un lucrativo mercado. Darian Escobar, junto con su pareja Emilio Vanegas Fernández, administra la empresa Materiales Oconit, encargada de operar el relleno sanitario Los Colorines en Nogales.
Este vertedero, uno de los más grandes del estado, recibe diariamente entre 2,000 y 2,500 toneladas de basura de alrededor de 40 municipios, generando ingresos anuales estimados en más de 300 millones de pesos. La sombra de este monopolio de los desechos, presuntamente favorecido por las gestiones políticas de su padre para cerrar otros rellenos, es el verdadero pegamento de esta alianza.
La síndica, por su parte, acumula un historial de cuestionamientos. Su paso por la Secretaría de Educación de Veracruz quedó marcado por acusaciones de tráfico de influencias y asignación irregular de plazas. En la Sindicatura, su desempeño ha sido calificado como discreto e intrascendente; solicitó licencia a pocos meses de asumir el cargo para buscar una diputación federal, todo con un sueldo mensual superior a los 105 mil pesos, un lujo que contrasta con la realidad de los ciudadanos a los que debería vigilar y representar.
La caminata de Irene Sedas y Darian Escobar, custodiadas por guardaespaldas y repartiendo publicidad como si de un botín se tratara, es una afrenta a la ciudadanía. Es la prueba de que, en la política local, los apellidos y los negocios de dudosa procedencia siguen pesando más que la voluntad popular.