AGENCIA
Hidalgo.- Mientras Morena insiste en su discurso de combate a la corrupción y rechazo a las viejas prácticas del poder, en Hidalgo vuelve a aflorar un esquema que recuerda al más clásico nepotismo político. Los hermanos del diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo obtuvieron un contrato federal por casi mil millones de pesos para la construcción de viviendas del Bienestar, otorgado por el Infonavit.
El contrato CO-PVB-095-2025, por un monto total de 993.9 millones de pesos, fue adjudicado a la empresa Agicresa S.A. de C.V., propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del legislador federal. El proyecto contempla la edificación de mil 808 viviendas en el municipio de Zempoala, Hidalgo, una de las zonas estratégicas de crecimiento inmobiliario en la zona metropolitana de Pachuca.
El nombre de la empresa no deja lugar a dudas sobre su origen: Agicresa es un acrónimo de los nombres y apellidos de sus fundadores, quienes constituyeron la firma en 2005. Aunque la empresa no es nueva, el volumen de recursos públicos que ha comenzado a recibir coincide con la llegada de Morena al poder en Hidalgo y con el ascenso político de Ricardo Crespo dentro del partido.
De acuerdo con el contrato del Infonavit, cada vivienda será pagada en 599 mil 750 pesos, lo que arroja un monto final de 993 millones 948 mil pesos, IVA incluido. A ello se suma un convenio adicional mediante el cual la empresa también cobrará el concepto del suelo donde se construirán las casas: 50 mil pesos por vivienda, lo que representa otros 90.4 millones de pesos que terminarán igualmente en manos de Agicresa. El acuerdo incluye, además, la posibilidad de recibir un anticipo del 30 por ciento para iniciar las obras.
No se trata de un caso aislado. Bajo el gobierno estatal de Julio Menchaca Salazar, la empresa de los hermanos Crespo Arroyo ha acumulado contratos de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS). Entre ellos, destacan obras por más de 11.9 millones de pesos para el Instituto de Formación Profesional y otros contratos por más de 7 millones en Progreso de Obregón, además de permisos de construcción en Querétaro, según datos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La trayectoria política de Ricardo Crespo Arroyo añade un elemento de contradicción al caso. Tras más de dos décadas de militancia en el PRI —partido que dirigió en Hidalgo y al que representó durante el gobierno de José Francisco Olvera—, renunció en 2019 para incorporarse a Morena. Desde ahí obtuvo la candidatura a diputado federal por el Distrito 6, no sin críticas internas por la incorporación de expriistas que antes fueron adversarios del movimiento.
Desde agosto de 2024, Crespo Arroyo ocupa una curul que mantendrá hasta 2027, mientras las empresas vinculadas a su entorno familiar incrementan su presencia en licitaciones públicas y contratos multimillonarios.
El caso se amplía si se observa el reparto de contratos del Infonavit en Hidalgo. Además de Agicresa, la constructora Dazna recibió otro contrato por más de mil 55 millones de pesos para edificar casi dos mil viviendas en Tepeji del Río. Esta firma también ha sido beneficiada previamente con contratos estatales por decenas de millones de pesos, consolidando un patrón de concentración de obra pública en un reducido grupo de empresas cercanas al poder.
Más allá de la legalidad formal de los contratos, el trasfondo político es ineludible. El discurso de la “cuarta transformación” prometió erradicar el influyentismo, los privilegios y el uso del poder para beneficiar a familiares y allegados. Sin embargo, casos como el de los Crespo Arroyo exhiben cómo, bajo nuevas siglas, persisten viejas prácticas: negocios en familia, contratos públicos concentrados y una delgada línea entre representación política y beneficio privado.
En Hidalgo, el nepotismo ya no se esconde. Simplemente se administra con el sello de Morena.
