DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.- La semana ha comenzado con una alerta ciudadana que ha encendido los ánimos en la colonia Praderas de San Miguelito y zonas aledañas. A través de redes sociales, vecinos denuncian casos de envenenamiento de perros y gatos, un acto que, además de ser un delito grave, revela una problemática más profunda: la ausencia de políticas públicas de control animal y la irresponsabilidad de propietarios que permiten la proliferación descontrolada de mascotas.
“Yo tengo una vecina con como 12 gatos, entre hembras y machos, de todas las edades. A mi patio y mi banqueta se vienen a hacer del baño todos los días, y en el patio de ella todo limpio. ¿Alguien me puede explicar por qué hacen eso? Ganas no faltan, pero también ¿por qué ni educan ni cuidan a sus animales de operarlos? Hasta los han atropellado y aún así sigue con camadas”, expresa una usuaria.
Su testimonio refleja el hartazgo de muchos ciudadanos que ven cómo la falta de control y tenencia responsable genera conflictos vecinales y, en el peor de los casos, desenlaces fatales para los animales.
Los vecinos recuerdan que el envenenamiento es un acto cruel y penado por la ley, pero los comentarios en redes también evidencian que el problema no nace de la nada.
Otro vecino comenta: “El problema es la falta de control animal por parte del ayuntamiento, se vuelven plagas”. La percepción es constante: sin campañas de esterilización, sin sanciones a dueños irresponsables y sin un centro de control animal eficiente, las comunidades enfrentan solas la sobrepoblación de perros y gatos en la calle o con dueños que no los cuidan.
Un usuario respondió a la crítica sobre envenenamiento señalando que los dueños deben hacerse responsables de sus mascotas. Aclaró no estar a favor de la violencia, pero denunció que muchos las dejan en la calle y reaccionan con molestia si se les reclama.
La queja refleja un sentir común: la tenencia irresponsable provoca suciedad, daños y riesgos sanitarios. Ante la falta de acción de las autoridades, algunos recurren a medidas violentas, lo que evidencia la urgencia de regular y sancionar estas prácticas.
