Orizaba.- En los dos años de la Administración actual se han cometido 4 mil 630 homicidios dolosos, de 2017 a 2018 registran 524 casos de personas desaparecidas y de 2015 a 2016 más de mil niñas veracruzanas, entre 10 y 14 años, quedaron embarazadas tras una violación, quienes no tuvieron acceso efectivo a los servicios de Salud y se vieron en la necesidad de llevar a término un embarazo forzado, poniendo en peligro su vida, además de que la Entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en criminalizar a las mujeres que abortan.
Las integrantes del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García y Luz María Reyes, denunciaron la negativa y la simulación que han encabezado autoridades estatales, en lugar de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado.
Mencionaron que en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, “Católicas por el derecho a decidir”, “Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio”, “Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres”, buscan evidenciar la resistencia del Poder Legislativo a dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Poder Judicial Federal en el amparo 1191/2017 que ordena al Congreso Local modificar el marco normativo penal para despenalizar el aborto.
Mencionaron que entre los objetivos principales está el de visibilizar la grave crisis de Derechos Humanos que se vive en el Estado, además de informar a la población el significado de esta alerta e incidir en la sociedad para que exija al Gobierno el cumplimiento del agravio comparado y de la sentencia dictada.
Señalaron que la DAVG por Agravio Comparado es un mecanismo de emergencia para la protección de las mujeres, lo que ha servido para evidenciar que en Veracruz existen leyes y políticas públicas que discriminan y violentan los derechos de las mujeres, debido a que les impide el acceso efectivo a servicios especializados de salud reproductiva y que incluye la Interrupción Legal del Embarazo.
Jaimes García señaló que derivado del incumplimiento de las obligaciones que atañen al Gobierno, “deja una grave situación en Veracruz porque inseguridad y violencia siguen empeorando, además, el número de embarazos resultado de una violación en niñas entre 10 y 14 años siguen en aumento, y cientos de fosas clandestinas”.
Ante ello, dijo que solicitan al nuevo Gobierno de Veracruz, “una Fiscalía que garantice la investigación de delitos que implica la violación de Derechos Humanos, la depuración de la Fiscalía que garantice la debida diligencia, políticas públicas y leyes que erradiquen el problema de la violencia”, concluyó.
