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Normalizan ac0so laboral en Casavegas; señalan encubrimiento 

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De la redacción

El Buen Tono 

Orizaba.- Una grave denuncia ciudadana por acoso y hostigamiento laboral en el establecimiento comercial Casavegas, en Orizaba, donde trabajadores señalaron directamente a Francisco Javier Pozos, empleado del lugar, como responsable de conductas reiteradas que habrían generado un ambiente de intimidación, violencia y miedo dentro del centro de trabajo.

De acuerdo con la información recabada, el señalado habría actuado con una marcada sensación de impunidad, al parecer protegido por la complicidad o inacción de sus superiores inmediatos, identificados como Ismael y otro directivo cuya identidad se mantiene bajo reserva. Esta omisión, advierten, habría permitido que las conductas denunciadas se repitieran sin consecuencia alguna.

La denuncia subraya que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de comportamiento que incluiría actitudes acosadoras, hostiles y machistas, mismas que ya habrían sido señaladas con anterioridad dentro del establecimiento sin que el ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos activara mecanismos efectivos de prevención o sanción.

Este señalamiento vuelve a poner sobre la mesa una problemática persistente en diversos centros laborales de la región: la normalización del acoso y la protección a agresores, incluso cuando existen antecedentes y testimonios reiterados. La falta de acción no sólo revictimiza a quienes denuncian, sino que fortalece una cultura de abuso y silencio.

Ante estos hechos, se exige la intervención inmediata de las autoridades municipales y laborales de Orizaba, responsables de garantizar el respeto a los derechos de las y los trabajadores. El acoso laboral está tipificado y debe investigarse con seriedad, sin simulaciones ni dilaciones.

De igual forma, la responsabilidad recae directamente en la administración de Casavegas, quienes están obligados legal y éticamente a asegurar un entorno laboral seguro, digno y libre de violencia. Se demanda una investigación interna imparcial, la aplicación de los protocolos correspondientes y, de confirmarse los hechos, sanciones ejemplares.

La tolerancia cero al acoso laboral no puede quedarse en el discurso. Permitir estos abusos es ser cómplice. La justicia para las posibles víctimas y la prevención de futuras agresiones deben ser una prioridad real, no un trámite administrativo.

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