DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba. – La estrategia del Gobierno estatal contra los despojos inmobiliarios entra en una nueva etapa, luego de que la gobernadora Rocío Nahle García respaldara la posibilidad de crear un área especializada en la Fiscalía General del Estado para investigar estos delitos. La mandataria sostuvo que, si existe un delito, debe investigarse y perseguirse hasta sus últimas consecuencias.
Nahle también informó sobre la restitución de una vivienda a una familia afectada y anunció que solicitará al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, un reporte sobre las denuncias relacionadas con operaciones inmobiliarias irregulares. El mensaje estatal apunta a revisar no sólo la recuperación de propiedades, sino también la actuación de quienes hayan intervenido en los procedimientos.
En Córdoba, la atención vuelve a colocarse sobre la Notaría Pública número 6, encabezada por José Javier Limón Luengas, debido a señalamientos que han sido difundidos durante años por personas que cuestionan determinadas operaciones inmobiliarias. El tema cobra relevancia luego de que la Fiscalía confirmara investigaciones que involucran a abogados, notarios, jueces, funcionarios judiciales y servidores del Registro Público de la Propiedad.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó además una orden de aprehensión contra un notario de la región Córdoba-Orizaba, aunque reservó su identidad. En este contexto, la expectativa crece sobre el alcance de las investigaciones y sobre cualquier oficina que pudiera aparecer relacionada. Recuperar un patrimonio, como planteó Nahle, no debe significar cerrar el expediente: si hubo delito, también debe haber responsables.
