De la Redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- Nuevas grabaciones difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola, a través de Latinus, colocan nuevamente bajo cuestionamiento a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que Amílcar Olán, señalado como cercano a Andy y Bobby López Beltrán, presuntamente afirmara que entregó dinero para financiar su campaña electoral de 2021.
De acuerdo con los audios difundidos este viernes, Olán habría hablado sobre su relación con la entonces candidata de Morena y aseguró que le dio dinero para su campaña por la gubernatura de Baja California.
La conversación forma parte de las grabaciones que Latinus atribuye a Amílcar Olán, a quien ha señalado como un operador relacionado con “El Clan”, una red empresarial presuntamente vinculada con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el diálogo, Olán también hace referencia a un encuentro con Marina del Pilar durante una boda y sostiene que mantenía una relación de cercanía con personas vinculadas a su entorno político.
La difusión de estos nuevos audios ocurre en medio de otras controversias que han involucrado a la gobernadora. Entre ellas se encuentran las versiones sobre la revocación de su visa estadounidense y la divulgación de grabaciones relacionadas con presuntos contactos con autoridades de Estados Unidos.
En una de esas conversaciones, difundida previamente por el periodista Héctor de Mauleón, se expone un supuesto acercamiento de la mandataria con representantes del FBI y su disposición a proporcionar información, incluso relacionada con mesas de seguridad.
Marina del Pilar ha rechazado distintas acusaciones que han surgido en su contra y ha cuestionado las versiones difundidas públicamente sobre sus vínculos y actuaciones.
Los nuevos audios abren nuevamente interrogantes sobre el origen y destino de recursos utilizados durante la campaña electoral de 2021, así como sobre las relaciones políticas y empresariales que rodearon aquel proceso.
Hasta el momento, la difusión de las grabaciones no constituye por sí misma una resolución judicial que determine la existencia de financiamiento ilegal. Corresponderá a las autoridades competentes establecer la autenticidad de los audios, determinar si los hechos referidos ocurrieron y, en su caso, deslindar responsabilidades.
