AGENCIA
Oaxaca.- “O nos vamos o nos matan”. Así resumen comuneros de Chocomanatlán, también conocida como López Portillo, en el municipio de Santa María Chimalapas, la amenaza que hoy pesa sobre sus tierras comunales, ubicadas en la franja fronteriza entre Oaxaca y Chiapas, donde grupos armados buscan imponer el despojo mediante la violencia y el terror.
De acuerdo con testimonios recabados por La Silla Rota, civiles armados irrumpieron en esta comunidad de alrededor de 500 habitantes a bordo de camionetas de lujo sin placas. Portaban documentos y lanzaron una advertencia directa: Debían firmar la cesión de sus tierras comunales o serían asesinados. A cambio, ofrecieron 20 mil pesos por la firma.
Los comuneros rechazaron la exigencia y, ante el riesgo inminente, se organizaron para resistir colectivamente, decididos a evitar el desplazamiento forzado y defender un territorio que han habitado y protegido durante décadas. La amenaza dejó de ser un rumor cuando, en plena madrugada, una mujer de la comunidad envió un mensaje desesperado al que este medio tuvo acceso: “Se nos metieron, se nos metieron, Miguel Ángel, ya nos cayeron”. El mensaje marcó el momento en que el miedo se volvió real para las familias.
Horas después, durante la conferencia matutina, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, confirmó que el gobierno estatal fue notificado por el presidente municipal de Santa María Chimalapas. Señaló que se activaron patrullajes permanentes con elementos de la 46 Zona Militar en la región, aunque reconoció la existencia de un documento con amenazas para obligar a los comuneros a firmar la cesión de tierras.
Romero López indicó que la situación podría estar vinculada con la reciente detención del presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, así como de policías municipales de ese ayuntamiento, y aseguró que existe coordinación interestatal con Chiapas para atender cualquier alerta en la zona limítrofe.
Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, confirmó que mantiene comunicación constante con las comunidades afectadas, quienes le advirtieron directamente sobre la presencia de civiles armados. Señaló que la situación ya había sido informada al presidente municipal de Santa María Chimalapas, Manuel Ángel Jiménez López, y advirtió que el riesgo es extremo.
La violencia ya paraliza la vida comunitaria. Familias han tenido que dormir en la montaña para protegerse, maestros suspendieron clases por temor y la clínica del IMSS Bienestar dejó de brindar atención médica ante el clima de inseguridad. Frente a este escenario, García Aguirre solicitó de manera urgente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca la aplicación de medidas cautelares no solo para Chocomanatlán, sino también para al menos otras cinco comunidades ubicadas en la franja fronteriza.
El defensor subrayó que, además de medidas cautelares, se requiere la instalación de una base militar permanente, ya que los comuneros temen filtraciones de información hacia los grupos armados sobre denuncias y movimientos comunitarios. Advirtió que, sin una intervención efectiva, el riesgo de una masacre o desplazamiento forzado es real.
La amenaza, señalan los comuneros, no es nueva. Desde 2023, grupos de la delincuencia organizada asentados en la vecina población de Nuevo San Juan, integrada por personas provenientes de Guerrero, iniciaron el saqueo y contrabando clandestino de madera en la región. Desde entonces, comenzaron las amenazas de muerte contra comunidades como la Congregación de Río Frío, donde el líder comunal Jorge Osorio fue despojado de sus tierras, su ganado y sus pertenencias, y obligado a huir para salvar la vida.
En octubre de 2025, la presencia de estos grupos se consolidó en poblados chiapanecos como El Triunfo de Madero y Zapata, así como en comunidades chimalapas como Nuevo San Juan y Río Frío, desde donde avanzaron hacia el territorio comunal de Chocomanatlán y Nuevo San Andrés. A inicios de 2026, los hombres armados ingresaron nuevamente con la intención de apoderarse de esta porción de la selva chimalapa, considerada una de las regiones con mayor biodiversidad y mejor conservadas de México y Mesoamérica.
Hoy, el temor al desplazamiento forzado domina la vida cotidiana. Sabino Romero, secretario auxiliar de Bienes Comunales de Chocomanatlán, relató que las amenazas obligaron a las familias a alterar por completo su rutina: Dormir fuera de casa, suspender actividades escolares y vivir en alerta permanente. Contó que incluso fue buscado de noche para acudir a reuniones no autorizadas por la asamblea comunal, lo que consideraron un intento de intimidación.
El caso de Chocomanatlán se suma a una crisis más amplia. En Oaxaca, autoridades estatales reconocen que al menos 27 poblados de distintos pueblos indígenas ya viven situaciones de desplazamiento forzado, pese a la existencia de una ley aprobada en 2024 para atender este fenómeno.
Mientras organismos internacionales reconocen avances institucionales en el papel, en la selva de los Chimalapas las comunidades resisten entre el miedo, la violencia y la omisión del Estado, defendiendo su derecho a permanecer en la tierra que consideran su hogar.
