De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Mientras el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) informó que alrededor del 50 por ciento de los ayuntamientos ya entregó en tiempo y forma su Cuenta Pública 2025, la realidad es que las observaciones del organismo rara vez terminan en sanciones contra funcionarios o exfuncionarios.
La auditora general, Delia González Cobos, señaló que actualmente se revisan las cuentas públicas de 2025 y que, en el caso de la fiscalización de 2024, ya se han revisado 175 de los 212 municipios del estado. Aseguró que, cuando existan irregularidades, se requerirá documentación para solventarlas y, de no hacerlo, los expedientes podrían turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa o incluso a la Fiscalía, si existen elementos constitutivos de delito.
Sin embargo, la experiencia demuestra que esos anuncios difícilmente se traducen en consecuencias reales. Año tras año se reportan observaciones millonarias, presuntos daños patrimoniales y anomalías administrativas, pero son contados los casos en los que algún alcalde o exfuncionario termina sancionado.
En la región centro, uno de los casos más representativos es el de la exalcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, cuya administración acumuló múltiples observaciones por parte del ORFIS. A pesar de ello, hasta ahora no existe una resolución definitiva que represente un castigo ejemplar, lo que alimenta la percepción de impunidad y de que las auditorías terminan siendo únicamente un trámite burocrático.
Mientras tanto, el ORFIS continúa impartiendo capacitaciones a presidentes municipales, regidores y servidores públicos, como la realizada este martes en Córdoba junto con el Sistema Estatal Anticorrupción. No obstante, para muchos ciudadanos, el verdadero combate a la corrupción no se mide por el número de cursos o revisiones, sino por las sanciones efectivas contra quienes hacen mal uso de los recursos públicos.
