Agencias
México.- Una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reveló que gran parte de las dependencias del Gobierno de Sinaloa, encabezado por el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, no hicieron públicas auditorías internas ni externas durante casi cinco años de administración, pese a que se trata de una obligación establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con la investigación difundida por medios nacionales, secretarías estatales como Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Mujeres, Pesca y la propia Secretaría General de Gobierno reportaron en la PNT que “no se realizaron auditorías internas ni externas”, dejando sin información apartados obligatorios relacionados con revisiones financieras y de desempeño. Sólo las secretarías de Turismo, Obras Públicas y Agricultura publicaron resultados de auditorías correspondientes al año pasado.
La ley obliga a las dependencias gubernamentales a mantener actualizada la información pública sobre auditorías, contratos, presupuestos y programas oficiales. Sin embargo, en la revisión también se detectó que áreas como la Secretaría de Seguridad no transparentaron contratos por honorarios ni gastos en publicidad oficial, mientras que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobierno tampoco reportaron contratos de obras, bienes o servicios durante 2025 y parte de 2026.
El reportaje señala además que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco publicó auditorías en los últimos cinco años y sólo reportó un contrato de limpieza por 486 mil pesos durante 2025. El exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, así como exfuncionarios estatales como Gerardo Mérida y Enrique Alfonso Díaz, aparecen mencionados en investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el grupo criminal de “Los Chapitos”.
La situación ocurre en medio de la presión internacional contra Rocha Moya y varios funcionarios sinaloenses, luego de que autoridades estadounidenses solicitaran recientemente su detención y extradición por presuntos nexos con el narcotráfico y tráfico de armas. La investigación también expone presuntas irregularidades políticas y financieras dentro del estado, además de acusaciones de persecución contra adversarios políticos.
La Plataforma Nacional de Transparencia, creada originalmente por el entonces IFAI y posteriormente administrada por el INAI, concentra información pública de más de 6 mil sujetos obligados en todo el país. Tras la desaparición del INAI en 2025, la plataforma quedó bajo operación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
