De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- A pesar de que el ayuntamiento de Orizaba tiene la obligación legal de transparentar, reportar y sancionar los accidentes protagonizados por unidades oficiales, la realidad es otra: la información se oculta, no existen reportes públicos claros y no hay sanciones visibles contra los responsables. La permisividad apunta directamente a la cadena de mando encabezada por el coordinador de Seguridad Pública, Mauricio Rafael Sosa García, bajo la protección del presidente municipal Juan Manuel Diez Francos.
El problema no es menor ni aislado. En 2024 se registraron 135 accidentes de patrullas y en lo que va de 2025 ya suman 75, casi 70 % de la cifra anual previa, sin estrategia correctiva ni rendición de cuentas. Cada choque implica recursos públicos desperdiciados, unidades fuera de servicio y gastos que terminan pagando los ciudadanos.
Entre los hechos más graves está el ocurrido el 6 de marzo de 2025, cuando las patrullas PA-86 y PA-66 chocaron entre sí durante una persecución a exceso de velocidad en la colonia Francisco Ferrer Guardia, dejando dos elementos lesionados. El 26 de noviembre una patrulla impactó a una motocicleta tras pasarse un semáforo y el 11 de diciembre la unidad BETA-PA-88 no respetó la preferencia de paso e impactó a un vehículo particular, con dos lesionados. En ninguno de estos casos se informó sobre sanciones administrativas o responsabilidades directas.
Legalmente, la responsabilidad del municipio es ineludible. Conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la normatividad vigente en Veracruz, debe responder por daños e indemnizaciones ocasionados por servidores públicos en funciones. Además, está obligado a iniciar procedimientos disciplinarios por faltas graves como imprudencia, negligencia o abuso de autoridad. La omisión normaliza la conducta y expone al municipio a demandas ante tribunales.
En prevención, el panorama es igual de preocupante: falta capacitación vial, protocolos adecuados y mantenimiento de unidades. Las fallas recurrentes colocan a Orizaba en ruta contraria a los compromisos internacionales, cuando México busca reducir 50 % las muertes viales para 2030. Aquí prevalece la negligencia institucional.
