De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El empresario y concesionario Mario Olvera, representante de la línea conocida como “los verdes”, admitió que ha mantenido congelados los sueldos de sus operadores durante 11 años, y ahora busca que sea la ciudadanía quien asuma ese costo mediante un aumento tarifario no autorizado. Peor aún, Olvera movilizó a sus choferes para que simularan demandar el incremento, en una maniobra de chantaje laboral.
De acuerdo con declaraciones del propio Olvera tras la reunión del 7 de enero, “la situación económica ha sido difícil y por 11 años la tarifa no ha tenido aumento”, omitiendo mencionar que en ese mismo periodo él no mejoró los salarios de sus empleados, según confirman fuentes internas.
En lugar de asumir su responsabilidad como empresario, Olvera ha orquestado una campaña de presión pública utilizando a sus choferes, muchos de ellos sujetos a un clima de miedo y control en sus talleres, para exigir que el gobierno autorice una tarifa que ya aplica de manera irregular, y que sólo beneficia a los concesionarios.
A estas prácticas se suma la evidencia en video difundida este mismo miércoles por usuarios de la Ruta El Bosque, donde se observa a conductores de la línea de Mario Olvera con el cobro de 12 pesos. Durante años, Mario Olvera de Gasperín ha sido señalado por prácticas laborales abusivas y por operar su línea con base en la intimidación.
Sin embargo, su influencia en el sector le ha permitido mantener su flota cobrando los $12 pesos incluso después de los operativos, mientras simula acatar la tarifa oficial de $9 o $10 en momentos de mayor vigilancia. La situación expone un doble chantaje: hacia dentro, con trabajadores precarizados; hacia fuera, con usuarios a quienes se les niega el servicio si no pagan lo ilegal.
Mientras tanto, en colonias como Fredepo Colorines, vecinos siguen varados porque las líneas tradicionales —incluyendo las de Olvera— boicotean la entrada de Metro, la única opción bien valorada, para mantener su monopolio a toda costa.
La permisividad del ayuntamiento confirma complicidad institucional, pues pese a denuncias y pruebas en video no sanciona a Olvera ni a otros concesionarios, evidenciando la protección política que sostiene el monopolio del transporte en Córdoba.
