Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Cuando un actor político pierde el control de la narrativa y se siente acorralado, suele recurrir al ruido y a la transgresión de sus propios principios. Eso es lo que hoy evidencia Mario Olvera, quien ha roto abiertamente su autoproclamado “código de honor” de no crear ni difundir noticias falsas, al desatar una campaña de ataques coordinados desde la desesperación y la debilidad política.
La situación estalló luego de que circularan públicamente cartas y testimonios que exhiben a Olvera en comportamientos cuestionables, donde él mismo es señalado —y en ocasiones se describe— en un entorno de constante embriaguez, “de cantina en cantina”. Ante el desgaste de su imagen, en lugar de responder con transparencia, optó por la estrategia más predecible: activar a su pasquinero y patán favorito, un personaje de la misma baja calidad moral que él, Carlos Vergara, para lanzar señalamientos sin sustento, sembrar sospechas y contaminar el debate público.
El objetivo es claro: desviar la atención de sus propios casos de corrupción y negligencia, ampliamente conocidos en la región, además de su intento burdo de incrementar el pasaje y de los señalamientos que surgen de lo que queda de su propia empresa, relacionada con la compra de huachicol para mantenerse a flote.
Entre los señalamientos que pesan sobre su entorno destacan:
• Sus presuntos negocios con el huachicol, documentados por denuncias de pobladores y transportistas.
• El chantaje y sometimiento mediante tarifas de pasaje ilegales impuestas a la población.
• La operación de camiones viejos y en mal estado, cuyo deterioro ha costado la vida de ciudadanos en accidentes prevenibles.
A través de comunicados y publicaciones replicadas en redes sociales y grupos de WhatsApp, Olvera y Vergara han dirigido ataques contra ciudadanos y empresarios con trayectoria limpia, dedicados desde hace años a la generación de empleos que hoy sostienen a cientos de familias en Córdoba y la región.
A esta ofensiva se han sumado de manera evidente figuras como Jorge Luna Andrade y Edmundo Yeladaqui, quienes repiten de forma mecánica, burda y falaz el mismo guion, buscando imponer una versión a fuerza de repetición. En el mismo bloque aparece Vania López González, exsíndica y actual regidora, alineada con esta dinámica de confrontación digital permanente, al igual que la exalcaldesa Leticia López, hoy promotora del gobierno de Manuel Alonso Cerezo, otro señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La estrategia
de simulación
Parte del modus operandi incluye el uso de páginas web prácticamente inactivas —algunas con cambios recientes de nombre— para simular credibilidad y reactivar espacios que se encontraban abandonados. Se ha documentado que Olvera ha instruido a sus colaboradores cercanos, “pasquineros achichincles”, a difundir esta información de manera insistente en redes sociales, intentando imponer una narrativa a base de volumen y repetición, estrategia en la que también han fracasado, al igual que en su vida personal, lo que parece incrementar su frustración.
Todo ello sin dimensionar el riesgo de su irresponsabilidad, ya que varios de los mensajes difundidos involucran de manera ligera y peligrosa temas relacionados con la delincuencia organizada. Esta línea no constituye una denuncia responsable; por el contrario, pone en riesgo a quienes prestan su nombre para difundirla —incluso por sumas ínfimas, como 200 pesos— sin considerar las consecuencias legales y personales.
Involucrar a terceros en narrativas criminales sin respaldo oficial no es ejercicio de la libertad de expresión, sino irresponsabilidad y una potencial incitación al linchamiento digital. Y cuando las consecuencias llegan, los mismos impulsores suelen refugiarse en un discurso de victimización, poniendo en riesgo la vida de otros por Mario Olvera, a quien al final del día le bastará sacudirse las manos y continuar su rutina de cantinas.
La evidencia
de la debilidad
Lo único cierto en este episodio es simple: si existieran pruebas, ya se habrían presentado denuncias formales. No lo hacen porque denunciar implica una investigación, y una investigación implica revisar todo, incluido el historial de quien acusa.
Por eso optan por la guerra sucia y el intento de encabezar un linchamiento digital: es más cómodo señalar que someterse al escrutinio legal. En política, quien acusa sin acudir a la ley no busca justicia; busca ruido. Y muchas veces, ese ruido es la cortina de humo perfecta para ocultar lo que no se atreve a exponer a la luz pública, aun cuando ello signifique poner en riesgo a sus propios operadores.
