**Comisión de Derechos Humanos señala que pudiera darse la omisión de autoridad en la regulación del ambulantaje
Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- A pesar de las promesas del alcalde para abordar la ocupación irregular de banquetas por comercio informal, la falta de acción efectiva de la autoridad municipal ha derivado en una violación sistemática del derecho al libre tránsito, afectando con mayor severidad a personas con discapacidad. El gobierno local ha incumplido su obligación de reordenar el espacio público, permitiendo que los ambulantes obstruyan las vías peatonales sin que existan operativos sostenidos o una reubicación planificada.
El delegado regional en Córdoba de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), Julio César Matus, señaló que, si bien no han recibido una queja formal por este motivo, el escenario descrito constituye una probable omisión de autoridad. “Si esta persona o cualquier otra persona que en condiciones similares consideren que hay una obstaculización a sus derechos humanos, a partir de la razón de un derecho a la movilidad o al libre tránsito, y que esto sea ocasionado por obstáculos que sean ilegales en la vía pública, por supuesto que se podrá acercar a esta Comisión”, explicó Matus.
El delegado añadió que, ante la inacción municipal, la vía para las víctimas es la presentación formal de una queja: “Cuando su naturaleza no lo permite o la gestión no es posible, el camino que queda a salvo para el usuario es formalmente la queja para que este organismo inicie un procedimiento de investigación”. Sin embargo, Matus reconoció que “no hemos recibido formalmente alguna solicitud de intervención, ya sea a petición de gestoría, orientación o queja”.
Esta declaración expone una paradoja: La ciudadanía con discapacidad debe cargar con el peso de iniciar un proceso legal ante la CEDHV, cuando la responsabilidad primaria de garantizar banquetas libres recae en el municipio. El alcalde ha reiterado en declaraciones pasadas que abordaría el comercio informal, pero la ausencia de resultados concretos evidencia que sus promesas no se traducen en políticas públicas. La omisión reiterada no solo normaliza el desorden urbano, sino que convierte a las personas con discapacidad en un colectivo doblemente vulnerado: por los obstáculos físicos y por la indiferencia institucional.
“El camino que queda a salvo para el usuario, pues es formalmente la queja para que este organismo inicie un procedimiento de investigación para verificar si existe, en este caso muy puntual, alguna probable omisión de autoridad en la regulación, verificación y fiscalización del funcionamiento o, bueno, en este caso, del ambulantaje.”
