Agencias
Ciudad de México.– Organizaciones defensoras del medio ambiente promovieron amparos en contra de la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al acusar omisiones graves frente a los impactos ambientales de megaproyectos de Gas Fósil Licuado (GFL) proyectados en el Golfo de California y sus zonas terrestres asociadas.
De acuerdo con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN), los proyectos podrían convertir a México en el cuarto productor mundial de gas fósil, pero a costa de afectar una región considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conocida como el “Acuario del mundo” por su alta biodiversidad. En la zona habitan alrededor de once millones de personas y se encuentran 12 Áreas Naturales Protegidas y 33 sitios Ramsar de relevancia internacional.
Los amparos indirectos fueron presentados contra la ASEA, la Semarnat y la Presidencia por la falta de acciones para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y por no responder adecuadamente a solicitudes formales de información y prevención. Las ONG recordaron que desde julio pasado comunidades pesqueras, prestadores de servicios turísticos y académicos solicitaron al gobierno federal revisar a fondo proyectos como el Gasoducto Sierra Madre, la Terminal GNL de Sonora, el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG, en Sinaloa.
Las organizaciones advirtieron que la expansión de la infraestructura de gas fósil podría generar impactos acumulativos y trasfronterizos de gran escala sobre el ecosistema marino del Golfo de California, sin que hasta ahora exista una Evaluación Ambiental Estratégica integral. También exigieron una moratoria a nuevos proyectos de este tipo y la revocación de autorizaciones ambientales ya concedidas.
ProDESC y DAN señalaron que los amparos ya fueron admitidos y que en ellos se denuncia la falta de transparencia de la ASEA y la inacción preventiva de la Semarnat. Subrayaron que el objetivo es obligar al Estado mexicano a cumplir con compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, y a actuar con base en evidencia científica ante la crisis climática.
Finalmente, las organizaciones remarcaron que esta acción judicial se suma a otras estrategias de defensa ambiental, como una campaña de recolección de firmas que ya supera las 25 mil adhesiones, en rechazo a proyectos que, afirman, ponen en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos del país.
