AGENCIA
Ciudad de México.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano precisar quiénes son las 16 mil personas que asegura haber localizado durante el último año y aclarar si fueron reunidas con sus familiares o si estos recibieron información sobre su paradero.
El representante del organismo advirtió que, incluso si las cifras oficiales se confirman, México todavía enfrenta una crisis de desapariciones con más de 120 mil personas pendientes de localizar, por lo que los resultados anunciados no deben utilizarse para minimizar la magnitud del problema.
A través de su cuenta de X, Albán aclaró que su reconocimiento a los esfuerzos de búsqueda realizados por México no constituye una felicitación general al gobierno federal. Señaló que las autoridades deben demostrar que las localizaciones reportadas corresponden a personas plenamente identificadas y que sus familias conocen su situación.
El presidente del Comité también subrayó que los avances deben reconocer el trabajo de los colectivos de búsqueda y de los familiares que, durante años, han participado en las labores para encontrar a sus seres queridos.
La controversia surgió después de que Albán presentara su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde expuso las preocupaciones del organismo por la persistencia de las desapariciones forzadas en México.
Durante su intervención, recordó que el Comité identificó indicios fundados de que algunas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad y advirtió sobre la persistencia de esta práctica. Sin embargo, precisó que esa determinación no establece por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni demuestra la existencia de una política federal destinada a cometer esos delitos.
El procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas permite al Comité llevar una situación ante la Asamblea General cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones ocurren de manera generalizada o sistemática.
Ante este escenario, Albán sostuvo que la Asamblea General debe examinar la situación mexicana y valorar posibles medidas de cooperación y asistencia internacional, independientemente de las cifras de localización presentadas por las autoridades.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, rechazó la interpretación del Comité sobre la aplicación de dicho artículo y afirmó que México no tolera ni consiente la desaparición de personas.
La discusión mantiene en el centro del debate la transparencia de los registros oficiales, los mecanismos de búsqueda y el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos, mientras miles de casos continúan pendientes de esclarecerse.
Es indignante que México siga acumulando más de 120 mil personas desaparecidas mientras las familias tienen que salir a buscar a sus seres queridos ante la falta de resultados claros. No basta con presumir cifras de localización: el gobierno debe demostrar con hechos que está buscando, investigando y dando respuestas. Cada desaparecido representa una familia que vive en la incertidumbre y una deuda que las autoridades no pueden seguir ignorando.
¿De qué sirven los discursos y las cifras oficiales si miles de familias siguen sin saber dónde están sus seres queridos? La crisis de desapariciones exige acciones contundentes, investigaciones efectivas y resultados verificables, no declaraciones para defender la imagen del gobierno. Las familias buscadoras están haciendo el trabajo que las autoridades deberían encabezar; es inadmisible que quienes exigen justicia sigan enfrentándose al abandono institucional.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
